En las democracias clásicas el poder estaba reservado a quienes demostraban virtud, conocimiento y compromiso comunitario. Platón fue explícito al decir que una ciudad solo sería justa si gobernaban los sabios o si los gobernantes aprendían a pensar. Aristóteles hablaba de areté, de excelencia moral e intelectual, como condición indispensable del buen gobierno. Tengo las Meditaciones de Marco Aurelio sobre la mesa en la que estoy escribiendo. No cualquiera podía decidir sobre todos. Se valoraba la capacidad, lo ya hecho y culminado con éxito. Eran ejemplo.
Con el tiempo, esta idea se fue diluyendo. La democracia moderna sustituyó la exigencia de excelencia por la aritmética del voto. Tocqueville advirtió ya en el siglo XIX del riesgo de una democracia que, en nombre de la igualdad, terminase premiando la mediocridad y despreciando el talento. Cuando destacar se convierte en amenaza, la mediocridad deja de ser un vicio y pasa a ser una virtud.
Arendt completó este diagnóstico al analizar la banalidad del mal. Según ella no hacen falta grandes villanos para deteriorar una sociedad, basta con individuos obedientes que renuncian a pensar. El funcionario o el mandamás elegido digitalmente que se limita a repetir consignas, a refugiarse en el procedimiento y a abdicar del juicio crítico, resulta especialmente funcional para sistemas que prefieren la docilidad a la inteligencia. Basta entretenerles con lucecitas.
Este país ofrece hoy un ejemplo claro de este deterioro. Buena parte de su clase gobernante no destaca por su preparación técnica ni por su independencia intelectual, sino por su fidelidad al partido y su capacidad para sostener el relato y repetir el argumentario. No se selecciona a los más capaces, sino a los más previsibles. La incompetencia no penaliza. El fanatismo se premia.
Ortega y Gasset lo dejó escrito en La rebelión de las masas. El problema no es que gobiernen muchos, sino que gobiernen hombres-masa, individuos sin exigencia interior, convencidos de que ocupar el cargo basta para ejercerlo. Ese perfil parece hoy dominante en la política profesional.
La digitalización ha acelerado este proceso. El algoritmo premia el eslogan, la simplificación y la polarización por la dictadura del like. En este entorno, el gobernante reflexivo es lento; el mediocre, perfectamente adaptable. La política se convierte en relato. La mentira repetida en verdad.
Quizá, llegados a este punto, no haga falta reclamar un regreso a los reyes sabios. Tal vez baste con algo mucho más modesto. Basta con exigir que quienes dirigen un ministerio conozcan el ámbito que gestionan. Resulta difícil justificar que perfiles jurídicos sin experiencia sanitaria dirijan la sanidad, que trayectorias ajenas a la ingeniería gestionen infraestructuras, energía o transporte, o que carreras puramente orgánicas de partido desemboquen en responsabilidades científicas o educativas sin formación en el campo.
No se trata de señalar nombres propios. Ustedes ya los saben. Se trata de reflexionar sobre los ministros intercambiables, los directores generales que en su etapa profesional fueron pura mediocridad. El mensaje es claro y preocupante y, sin embargo, no se clama por ello. Volvemos a lo mismo, la igualdad de oportunidades no era esto. Gobernar no requiere saber, solo saber soltar exabruptos, hacer vídeos cortos virales y tuitear.
Exigir especialización no es elitismo, sino responsabilidad democrática. El poder sin conocimiento es preocupante. Tal vez el primer paso para salir del gobierno de los menos capaces sea recuperar una idea sencilla y antigua: que mandar exige saber, y que nadie debería dirigir lo común como un extraño en su propia casa. Apagar las lucecitas y encender el foco. Quizás debiéramos reflexionar seriamente sobre esto. Quizás, si realmente nos preocupa, debiéramos empezar por ello