Desde hace muchos meses vengo advirtiendo de la situación en que se encuentran las autopistas y las carreteras de nuestro país. Eran magníficas. La ausencia de un mantenimiento eficaz las ha deteriorado de forma alarmante. El ciudadano medio no sabe cómo están las vías sobre las que discurren los ferrocarriles, pero sí ve y comprueba a diario el estado de las carreteras. Grietas, baches, badenes, desperfectos, firmes deteriorados, bordes fracturados, pintura desgastada, hasta que no se produzca un accidente de autobús, con decenas de muertos parece que no habrá reacción. Pero ahí está el peligro que acecha a millones de automóviles, a centenares de miles de camiones y autobuses.
En Periodista Digital, César Sinde aporta datos relevantes y significativos. La red de alta velocidad transportó en el año 2024 a 40 millones de personas. Las carreteras soportan, cada día, 40 millones de movimientos, conforme a los datos de la Dirección General de Tráfico, y han aguantado 462.288.113 desplazamientos.
Según la Asociación Española de Carreteras se precisan con carácter urgente 13.491 millones de euros para devolver las carreteras españolas al buen estado. El riesgo de accidentes para los automóviles es grande, aunque pase desapercibido. Para los autobuses, el deterioro de las carreteras resulta alarmante porque un accidente se puede llevar por delante simultáneamente muchas vidas.
El Gobierno sanchista heredó unas autopistas, autovías y carreteras que constituían ejemplo en Europa y recibían el elogio de esos cien millones de turistas que cada año han convertido a España en una nación privilegiada. Pero las infraestructuras exigen el mantenimiento adecuado. La administración sanchista pasa olímpicamente de semejante exigencia y los automovilistas comprueban cada día cómo se van deteriorando los firmes, cómo fisuras y baches han convertido ya en peligroso circular por nuestra red de carreteras.
La gran política consiste en prevenir, no en curar. No estaría de más que el sanchismo pusiera los pies sobre la realidad y destinara el presupuesto necesario al mantenimiento de nuestras carreteras antes que un accidente de gran calibre acongojara a la sociedad española. Sociedad española, por cierto, agobiada por los impuestos que se ve obligada a satisfacer y que no atienden a lo que es sustancial, sino que se destinan de forma preferente al gasto despilfarrador de los políticos.