La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió.
La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo. El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El lugar ha sido señalado como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.
La líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad. La opositora añadió que en Venezuela "hay presos políticos que tienen 23 años en prisión", como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros "que han sido desaparecidos". De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.
El Gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad. España anima a que la ley se concrete con rapidez.