Isabel Díaz Ayuso se ha dado cuenta de en qué consiste la maniobra de la regularización de inmigrantes, a la que ella ha llamado la “inmigración del subsidio”. Se trata de nacionalizar a los inmigrantes regularizados y de comprar su voto. Se les otorga el mínimo vital, también una cantidad por vivienda y por hijo, y se les compra el sufragio al mejor estilo Romero Robledo. El inmigrante nacionalizado podrá no acudir a votar, podrá votar a partidos distintos al PSOE, pero en proporción abrumadora, por la cuenta que le trae, votará al sanchismo. Pedro Sánchez está luchando como una pantera de Java para no pasar desde la presidencia del Gobierno al banquillo de los acusados. Y ha encontrado ya varias fórmulas para alterar el censo y burlar a Núñez Feijóo y a sus hedonistas agradaores gallegos. El presidente del Partido Popular, sin embargo, se ha evadido del incienso y ha declarado en Aragón: “No se trata de una cuestión humanitaria, no es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas”.
Además de Isabel Díaz Ayuso, varios dirigentes del Partido Popular han advertido también las maniobras de Pedro Sánchez para manipular el censo. Y no pocos periodistas sagaces. Pedro J. Ramírez ha escrito “En España viven de manera permanente cuatro millones de personas más que cuando Sánchez llegó al poder hace ocho años. La inmensa mayoría, extranjeros. Vamos a medio millón de incremento anual, pese al frenazo de la COVID”.
Y vaticina el director de El Español: “Muy pronto superaremos la cota oficial de los 50 millones de residentes”. Pedro Sánchez necesitó -y necesita- tiempo para nacionalizar a los que ha regularizado y por eso, entre otras razones, se esfuerza por agotar la legislatura. Sabe que la única fórmula de combatir los datos de las encuestas serias consiste en el voto aportado por los inmigrantes nacionalizados y por los hijos y nietos de los republicanos que se exiliaron en 1939. Se trata de una ingente operación electoral. España no pasaría hoy de 47 millones de habitantes. Con Pedro Sánchez superamos ya los 50. Ahí está el quid electoral, denunciado por Isabel Díaz Ayuso.