El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas, tras pactarlo con el PNV, lo que ha motivado la virulenta reacción de Podemos, que aseguran que la medida les parece un "asco absoluto".
"Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que "solo" tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha escrito la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en redes sociales.
También como novedad, en el caso de los propietarios de tres o más viviendas "no se ejecutará el desahucio, cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable", ha explicado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts.
Desde Vivienda señalan que el decreto "blinda a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores".
Los propietarios de una o dos viviendas -una en la que viva y otra que alquile- o los dueños en situación de vulnerabilidad no se verán afectados por esta prórroga y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para la familia afectada.
La protección a los pequeños propietarios era una exigencia del PNV y Junts para respaldar la convalidación de este decreto en el Congreso, donde fue derogado el pasado 29 de enero por falta de apoyos.
En esa ocasión la moratoria de los desahucios, que afecta a unas 60.000 familias, iba incluida en un decreto "ómnibus" con otras muchas medidas, entre ellas la revalorazación de las pensiones.
El nuevo decreto 'antidesahucios' que ha aprobado hoy el Gobierno, ya no incluye la revalorización de las pensiones, aunque sí las otras medidas del llamado "escudo social", como la moratoria del corte de suministros a las familias vulnerables y del bono social eléctrico.
También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
Elma Saiz ha señalado que estas se articularán mediante suplementos de crédito por valor de más de 3.000 millones euros -en el caso de las comunidades autónomas- y de cerca de 3.800 millones para las entidades locales (idénticas a las de 2025).
La ministra ha confiado en que el gobierno pueda sacar adelante el nuevo decreto en el Congreso con "diálogo".
"En todo momento diálogo, antes, en el desarrollo de las medidas, y después, para que alcancen los consensos necesarios y que vean la luz medidas que son buenas y que suponen un avance de derechos y protección de los más vulnerables", ha afirmado.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado este martes que la sumisión del PNV al Gobierno de Pedro Sánchez "roza ya el ridículo más absoluto" y ha tildado de "broma de mal gusto" el acuerdo para ampliar el escudo social a dueños de una sola vivienda alquilada.
"Es una tomadura de pelo", ha advertido Tellado en una entrevista en La Sexta recogida por Efe, en la que ha arremetido contra el PNV cuando le han preguntado si el PP apoyará el nuevo decreto aprobado por el Gobierno tras llegar a un "acuerdo de mínimos" con el partido vasco.
El dirigente del PP ha incidido en que el PNV votó la semana pasada a favor del decreto ómnibus "tal y como venía y ahora dice que le parece muy bien la modificación que plantea el Gobierno".
"O sea que aquí hay derecho a la propiedad privada pero un poquito solo", ha recalcado, tras lo que ha asegurado que el PP está a favor del escudo social, pero ha precisado que quien debe practicarlo son las administraciones públicas: el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y no los dueños de viviendas.
Según ha insistido, los propietarios tienen derecho a poner sus inmuebles en alquiler y cobrar las rentas y, si no las cobran, a recuperarlos para ponerlos en alquiler a otra persona que sí pueda pagarlas.
El problema, en su opinión, es que cada vez hay más familias en situación de vulnerabilidad social por culpa de la política económica y la improvisación del Gobierno.
Preguntado si votarán a favor del decreto para revalorizar las pensiones una vez que el Gobierno ha decidido volver a presentarlo en solitario, ha dicho que si se confirma que es así tendrá el voto favorable del PP, pero ha puntualizado que van a estudiarlo detenidamente porque no se fían de un Gobierno que acostumbra a hacer "trampas".