La degradación de las instituciones y servicios públicos en España avanza rápidamente, aunque gran parte de la población atisbe algo cuando suceden accidentes como el del ferrocarril en Adamuz del día 18 de enero. Para los simpatizantes del despotismo, la responsabilidad es del heteropatriarcado; de las ruedas cuadradas de los trenes; del calentamiento global, etc. Más directamente la degradación de los Servicios públicos causada por quienes más creen en lo público, es una prueba del bandidaje a la que somete la partidocracia a la sociedad, aunque una parte de ella esté tan moralmente corroída como la nomenklatura colectivista –¡qué ejemplo de nefasta gestión e indignidad humana del Ministro Puente y qué demostración de dignidad de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario por no dejarse utilizar para fines espurios! --. Si el tren no fuera de la Compañía italiana Iryo, habría cargado con toda responsabilidad. Lo más llamativo es que se oye mucho más a los responsables de la tragedia para proclamar su inocencia, que a quienes tienen la obligación de exigir e impeler a que se tomen las medidas para evitar estas desgracias.
Desde hace tiempo, el servicio público ha entrado en una degradación que solo se mantiene por la responsabilidad y eficacia de quienes trabajan en ellas y cumplen con unos servicios generalmente depauperados. El inmenso presupuesto no va destinado a la mejora de los servicios públicos. Las enormes recaudaciones de la Ministra Montero no tienen como objetivo prioritario la mejora de las prestaciones del Estado. Las instituciones funcionan de manera mecánica, racional, con una base organizativa, cada vez más marcada por la tecnología administrativa y burocrática, que no será suficiente para detener el hundimiento, en amplia parte atribuida a la descentralización. Teóricamente la función se ejerce con una autonomía administrativa que está debilitando la unidad de Derecho Público. En realidad, los poderes institucionales, especialmente el Gobierno, se han despegado de cualquier sentido unificador, cuya función disgregadora se ha instalado en la conciencia de los españoles antiespañoles, de manera similar a los nacionalismos imaginarios.
La decadencia es perceptible para quien no posee unos ojos y una mente cegados por la ideología. La causa principal es el sistema del consenso político que está arruinando la vida de la mayoría de los españoles, ya que el ciudadano no tiene garantías políticas, ni tampoco las jurídicas, a causa de la arbitrariedad y corrupción del Gobierno extendido a todo el amplio tejido que dominan los partidos colectivistas, en pos de la destrucción del derecho. El consenso está acabado porque la izquierda ya no participa en su falso apoyo a la democracia –el PSO antiespañol solo ha sido democrático cuando no ha podido conformarse a su naturaleza antidemocrática-y solo respeta las reglas del juego si sale vencedor en ellas. Si mantienen todavía las estructuras de apariencia democrática se debe a que no se atreven a eliminar por completo las instituciones que no dominan y porque la revolución silenciosa es muy eficaz para llegar al objetivo perseguido.
En realidad, solo el PP sigue creyendo en el consenso político, que es una sustracción del consenso social, el consensum ómnium (Cicerón), que debería ser la base de cualquier régimen democrático. La degradación e ineficacia en la gestión se da en todas las estructuras y en todos los niveles del Estado, a excepción de la recaudación de impuestos y en la capacidad para crear falsas realidades. La degradación está impulsada por el Gobierno de los peores, un Gobierno mortuorio, con aparente auctoritas y sin dignitas, al que no se respeta por haber perdido la legitimidad, aunque trate de recuperarla con la legalidad (Kelsen), creando y aplicando las leyes como mandatos –el derecho enteramente subordinado a la política-- de los que por convicción quieren llevar a España a su desintegración. Si el derrumbe final todavía no se produce, es porque la cleptocracia colectivista necesita enriquecerse más y porque la socialdemocracia globalista del PP, casi siempre sigue el camino que le traza el PS, al refrendar todas las medidas del Gobierno comunista, sea en el Estado central, en las Autonomías o en los Ayuntamientos, ignorando que el pouvoir municipal podría ser una fuerte oposición al poder autocrático del Presidente del Gobierno. Éste, habiendo perdido la legitimidad, busca investirse a sí mismo de una plenitude potestatis, que bendecirá la laicista y juramentada Conferencia Episcopal.
Si el PS no cree en la democracia política, una parte destacable de la sociedad menos todavía, porque no se sienten ciudadanos. Prefieren la servidumbre para postrarse ante los partidos colectivistas. Se puede entender en los mercenarios tertulianos del poder, que cada día muestran cómo se puede ser más miserable y estúpido --“la obstinación y el ardor de opinión es la prueba más segura de estupidez” (Montaigne)--, obteniendo los correspondientes beneficios a costa de la sangre de los demás. El cálculo racional que se debe aplicar en casi todas las esferas de la vida, esta gente lo sustituye por la competencia de quién es más rastrero. Y aquellos que no extraen un beneficio del poder pertenecen a la masa amorfa que han perdido su alma para ser esclavos de la ideología.
Unos cuantos componentes de las instituciones se deslegitiman por incumplir su función, al querer encuadrarse en su partido. Se han apoderado del Estado el PS y los sindicatos afines, así como otros grupos radicales de ultraizquierda dirigidos por el Gobierno que actúan despóticamente contra quienes no comparten sus consignas. Si lo que caracteriza al Estado es la cualidad de dominación, por encima de él se ha situado el PS, al que le ha transferido parte de su soberanía. Con excepción de ayuntamientos y Comunidades, en casi todas las demás instituciones la influencia del PS es determinante. También en las empresas públicas o de capital público privado, utilizadas para el enriquecimiento de los cuadros del partido. Por no tener un control absoluto, el PS no tiene inconveniente en compartir el poder con los partidos separatistas al unirles el objetivo de acabar con el Estado Español. Pero su odio a la realidad y más aún a la historia, puede llevarlo a su desaparición. La pretensión del PS es crear una nueva institución inmoral, un narcoestado colectivista –un estado colectivista sin nación y sin soberanía, porque no tendría un poder autónomo de dominación que eliminará a cualquier miembro de la sociedad que no quiera participar. Lo hace enteramente con el dinero, el trabajo y los ahorros de quienes no simpatizan con el Partido -.
Gran parte de la sociedad no quiere darse cuenta de que se está perdiendo todo lo que se había ganado anteriormente y que es fácil prever que en el futuro desaparecerá la paz social, la violencia se adueñará de las calles y los habitantes dependerán de unas narcoinstituciones y dependerán de una potencia extranjera. Quizá sea la causa de que los cuadros del PS confían en hacer la vida en otros países, transfiriendo las propiedades acumuladas con el trabajo y ahorros de los españoles a otros destinos.