Después de más de treinta años de enfrentamiento, Armenia y Azerbaiyán atraviesan el momento más cercano a una paz duradera desde el colapso de la Unión Soviética. Las armas han dejado paso, en gran medida, a la diplomacia; las negociaciones indirectas han sido sustituidas por un diálogo directo; y ambos gobiernos han expresado públicamente su voluntad de cerrar una etapa marcada por la guerra. Sin embargo, cuando el proceso de paz sigue siendo frágil pero real, determinadas narrativas procedentes de algunos medios occidentales amenazan con socavar los avances logrados, distorsionando la realidad del conflicto y reintroduciendo una lógica de confrontación que las propias partes intentan dejar atrás.
Para entender la trascendencia del momento actual, conviene recordar el origen del conflicto. A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán derivó en una guerra a gran escala. En 1994, cuando se alcanzó el alto el fuego, las fuerzas armenias controlaban no solo la región de Karabaj, sino también siete distritos circundantes, lo que suponía cerca del 20 % del territorio internacionalmente reconocido de Azerbaiyán. Más de 700.000 azerbaiyanos fueron desplazados forzosamente de sus hogares. Pese a las cuatro resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU que exigían la retirada incondicional de las fuerzas de ocupación, el statu quo se mantuvo durante casi tres décadas.
La ocupación de estos territorios fue el núcleo del conflicto, no una mera disputa territorial abstracta. El derecho internacional fue claro al respecto, algo que quedó ratificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Chiragov y otros contra Armenia, que estableció la responsabilidad de Armenia por ejercer control efectivo sobre los territorios ocupados. Aun así, el proceso diplomático permaneció bloqueado durante años, dejando a Azerbaiyán sin perspectivas reales de restaurar su integridad territorial por la vía negociada.
Este equilibrio se rompió tras la guerra de 2020 y, de forma definitiva, con el desmantelamiento del régimen separatista en septiembre de 2023, lo que puso fin a la fase militar del conflicto. Desde entonces, los acontecimientos han apuntado inequívocamente hacia la paz. En marzo de 2025, ambos países anunciaron la conclusión de las negociaciones sobre el texto del Tratado para el Establecimiento de la Paz y las Relaciones Interestatales. En él, Armenia reconoció oficialmente la integridad territorial de Azerbaiyán, incluida la región de Karabaj, lo que supone un reconocimiento implícito de que la ocupación prolongada fue ilegal y una de las principales causas del conflicto.
Pocos meses después, en agosto de 2025, bajo mediación estadounidense, Armenia y Azerbaiyán firmaron una Declaración Conjunta reafirmando su compromiso con la normalización de relaciones y la firma del Tratado de Paz. A partir de ese momento, se han adoptado medidas concretas de fomento de la confianza: negociaciones sobre la delimitación y demarcación de fronteras, facilitación del tránsito comercial, suministro de productos petrolíferos a Armenia a través de Azerbaiyán por primera vez en décadas y conversaciones sobre la reapertura de rutas de conectividad regional. No se trata de gestos simbólicos, sino de avances tangibles que indican que la lógica de la confrontación está siendo sustituida por la de la coexistencia pacífica.
En este contexto, resulta preocupante que algunos medios occidentales estén difundiendo narrativas cada vez más alejadas de los hechos verificados. La cobertura reciente que presenta las acciones de Azerbaiyán tras 2023 bajo la etiqueta de limpieza étnica o represión sistemática suele carecer de contexto, apoyarse en fuentes selectivas y contradecir las conclusiones de organismos internacionales. Estas informaciones, lejos de contribuir a la reconciliación, corren el riesgo de reactivar posiciones maximalistas en un momento en el que el compromiso político es difícil, pero imprescindible.
Estas narrativas adquieren especial gravedad en el actual contexto político armenio, marcado por la proximidad de las elecciones parlamentarias de junio de 2026. Sectores de la oposición, tradicionalmente alineados con Moscú, han rechazado el proceso de paz y presentan la normalización con Azerbaiyán, mediada por la UE y Estados Unidos, como una capitulación. En este escenario, retratar a Azerbaiyán como un actor intrínsecamente hostil fortalece a las fuerzas contrarias al acuerdo, debilita a los sectores reformistas en Ereván y favorece la estrategia rusa de “divide y vencerás” en el Cáucaso Sur.
Una de las acusaciones más reiteradas es la de limpieza étnica tras el colapso del régimen separatista en Karabaj en septiembre de 2023. Sin embargo, estas afirmaciones no se sostienen a la luz de los hechos. El propio primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, afirmó entonces que no existía una amenaza directa para la población civil armenia de Karabaj. Además, una misión de investigación de la ONU no encontró pruebas que respaldaran las acusaciones de limpieza étnica, confirmando que no se produjeron actos de violencia contra civiles y que el acceso humanitario estuvo garantizado. Aunque el éxodo de población fue profundamente doloroso, el sufrimiento, por sí solo, no constituye limpieza étnica conforme al derecho internacional.
Tras treinta años de hostilidad, Armenia y Azerbaiyán avanzan hacia la paz. Si Occidente desea realmente contribuir a una solución duradera en el Cáucaso Sur, debe alinear sus narrativas con hechos verificables, apoyar los esfuerzos de mediación en curso y evitar un lenguaje que reavive tensiones. La paz es una oportunidad histórica. Avivarla desde fuera con relatos distorsionados sería una irresponsabilidad.