Solo en la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez dispone de 380 asesores y cargos de confianza. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le exige, hasta ahora sin éxito, que informe sobre la identidad de esos asesores y cargos de confianza. Y también del sueldo que perciben.
Enrique Morales ha publicado una precisa información sobre este asunto y asegura que el número de asesores, sus nombres, los nombramientos oficiales y los sueldos adjudicados forman parte de “información pública y no pueden ser ocultados sin una justificación legal expresa”.
Hasta ahora, la información requerida le ha entrado a Sánchez por un oído y le ha salido por el otro sin romperlo ni mancharlo. No solo en la Presidencia del Gobierno. En otros muchos departamentos ministeriales, en las empresas públicas y en organismos institucionales, Pedro Sánchez ha colocado a sus parientes, amiguetes y paniaguados, a costa de los impuestos con los que se sangra hasta la hemorragia a españolas y españoles. El “Pedro, colócanos a todos” supone una costosa realidad. El día que se conozca con detenimiento el alcance del enchufismo sanchista se producirá una reacción de estupor en la ciudadanía, obligada a pagar sin rechistar las decisiones del presidente del Gobierno en favor de sus amiguetes y paniaguados.
Los sueldos y retribuciones que perciben los cargos de confianza y los asesores cualificados en Presidencia del Gobierno se desconocen. Parece claro que superan con mucho la media de los funcionarios públicos. La CTBG aspira a conocerlos, pero por el momento se encuentra con una puerta cerrada en sus narices y con una respuesta de estruendoso silencio. El organigrama de Presidencia del Gobierno, en todo caso, ha pasado de la oscuridad a la evidencia. La ciudadanía, que es quien paga, tiene derecho a conocer con detalle en qué se gastan los impuestos que agobian a españolas y españoles.