Las redes sociales mienten en demasiadas ocasiones. En otras, adulteran la verdad a través de una Inteligencia Artificial cada vez más peligrosa. Parece imprescindible que el derecho internacional se ocupe cuanto antes de este asunto e impida la desmesura y la impunidad.
Habrá que convenir también el acierto de las redes sociales al especificar asuntos que ocupan los bordes de la información y que difícilmente accedan a los telediarios, a los diarios hablados o a los diarios impresos. Vozpópuli, por ejemplo, a través de una información de Gonzalo Araluce, desvela esta semana cómo el Gobierno dispara los contratos a dedo que se elevan ya a la desproporcionada cifra de 23.000 millones de euros.
El año pasado, 2025, los contratos a dedo experimentaron un incremento del 650% y pasaron de 2.100 millones en el año 2024 a los 23.000 millones ya consignados en el año 2025. Pedro Sánchez lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado. Gran parte del desbarajuste económico, también del político, se deriva de esta insólita situación que en cualquier país democrático se resuelve con la convocatoria de elecciones generales.
Aquí, no. En España, Pedro Sánchez pretende apurar la legislatura y convocar las elecciones para octubre del año 2027. Según algunos observadores, el presidente necesita tiempo para prolongar el censo con la concesión de la nacionalidad española a centenares de miles de inmigrantes y también a los hijos y los nietos de los republicanos que en 1939 marcharon al exilio. En todo caso, lo que no parece discutible es el empleo del dedo autoritario o el decreto ley para solventar situaciones comprometidas. En el año 2025 se multiplicaron los contratos a dedo, como digo más arriba, hasta un 650% por encima del año 2024. Y ese dedo autoritario es el de un sistema al que difícilmente se puede calificar ya de demócrata porque el Gobierno carece de mayoría parlamentaria y se ve obligado a acceder a prácticas legislativas y ejecutivas que comprometen el Estado de Derecho.