Juristas de máximo relieve coinciden en subrayar la creciente tensión entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En el primero predomina la altura jurídica y la objetividad; en el segundo, la politización.
Fueron muchos los que, mientras se elaboraba la Constitución de 1978, consideraron conveniente que lo que se convirtió en Tribunal Constitucional fuera sencillamente una Sala del Tribunal Supremo. Recuerdo bien los debates en la altura política, también en la jurídica, que zarandearon a algunos de los constituyentes. Al final prevaleció el criterio de Adolfo Suárez y el Tribunal Constitucional nació independiente para dirimir los problemas que podían crear las Comunidades Autónomas con derecho a legislar. Adolfo Suárez carecía de formación jurídica seria. Actuaba siempre apoyado en la intuición política y con el respaldo popular que provocaba su indiscutible carisma. Había estudiado el señor Suárez la Constitución alemana y, a pesar de las grandes distancias entre España y una nación partida en aquel tiempo por la mitad, las preferencias suaristas estaban claras y terminaron imponiéndose. Los partidarios de que el Constitucional fuera una sala del Supremo perdieron y se impuso un Tribunal que nació politizado y así, con las debidas excepciones, ha permanecido hasta nuestros días.
He mantenido conversaciones con juristas sólidos y prestigiosos. Se temen un choque entre el Tribunal Supremo y el Constitucional que debilitaría inexorablemente a la Justicia española, enfrentados ya por los “dedazos” en la Fiscalía. Pedro Sánchez está decidido a tirar del Constitucional para respaldar su política. Los magistrados del Supremo se disponen a mantener la independencia, la objetividad, y la recta administración de la Justicia. Veremos, en fin, cómo reacciona la opinión pública si se produce el choque jurídico de trenes.