Irán ha condenado a muerte a Saleh Mohammadi, un joven de 18 años y campeón internacional de lucha tras ser acusado de la muerte de un policía durante las protestas, que iniciaron el pasado 8 de enero en la región de Qom.
El joven sostiene que fue torturado por las autoridades iraníes para confesar el asesinato de un agente de la Unidad Especial de Farajah durante las protestas nacionales, al que presuntamente atestó un golpe mortal con un cuchillo.
Según informa la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), durante el juicio Saleh se retractó de sus declaraciones y señaló que habían sido obtenidas a partir de tortura y coacción.
El joven sostiene tener una coartada confirmada por amigos y familiares. Alega que en el momento del supuesto asesinato se encontraba en casa de su tío, y las grabaciones del lugar no muestran con claridad el rostro del individuo que acabó con la vida del agente policial.
El tribunal iraní no ha escuchado su demanda, rechaza la citación de sus testigos y otorga 20 días al acusado para realizar apelaciones antes de su ejecución pública.
Este plazo ha sido incumplido en otras ocasiones, como en el caso de Majidreza Rahnavard, manifestante del movimiento "Mujer, Vida, Libertad" ejecutada en 2022 tran solo 23 días después de su arresto y 18 de su condena.
El director de la IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha señalado en un comunicado que "la sentencia de Saleh marca una peligrosa escalada", ya que cientos de detenidos se enfrentan a la misma sentencia por su implicación en las protestas realizadas entre diciembre y enero.
"La presión internacional coordinada y la movilización pública pueden aumentar el coste político de las ejecuciones planeadas y ayudar a salvar a Saleh Mohammadi y a los muchos otros manifestantes en peligro", ha denunciado.
Saleh Mohammad fue arrestado el 15 de enero y condenado a muerte por el Tribunal Penal de Qom el 3 de febrero. Es campeón de lucha y ganador de la Copa Saytev en Krasnoyarsk (Rusia), donde compitió en 2024 en el equipo iraní.
El joven se encuentra en aislamiento y ha sido condenado a un ahorcamiento público en la Plaza Nabutov, mismo lugar donde falleció el policía al que acusan de asesinar.
La situación económica de la población iraní fue el detonante de las protestas que comenzaron el pasado 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), extendiéndose por las principales regiones del país.
Con el paso de los días, las manifestaciones tomaron también un giro político contra el régimen de los ayatolás, aumentando la represión y las detenciones masivas de los manifestantes.
El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman que hubo unos 53.000 arrestos.
Al menos 26 manifestantes iraníes han sido condenados a muerte y cientos más, incluidos menores de edad, se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital tras las protestas en la República Islámica, en las que además murieron miles de personas por la represión estatal, según informó este jueves la organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO).
Según la ONG, el número de las condenas a muerte puede ser mayor, ya que los medios estatales iraníes transmitieron los juicios de otros cuatro manifestantes que afrontan cargos castigados con la pena de muerte en Teherán, dos de los cuales son menores de 18 años.
IHRNGO afirma que decenas de otros manifestantes se encuentran en riesgo de enfrentar cargos con pena capital y denuncia que los acusados y sus familias "están siendo sometidos a presiones y amenazas para impedir que hagan públicos sus casos".
Los medios estatales también continúan transmitiendo "confesiones obtenidas bajo tortura y coerción", añadió.
De acuerdo con la misma fuente, el jefe del poder judicial reiteró el pasado lunes las órdenes de "procesar y castigar a los principales responsables de los disturbios y actos terroristas" y de "actuar con decisión y sin ninguna indulgencia".
En una conferencia de prensa celebrada al día siguiente, el portavoz del poder judicial anunció que se habían emitido 8.843 acusaciones formales relacionadas con las protestas a nivel nacional, según IGRNGO, que instó a la comunidad internacional, a la sociedad civil y al público a aumentar el costo político de estas sentencias "mediante presión política y campañas sostenidas y coordinadas".
"El peligro de ejecuciones masivas de manifestantes detenidos es real e inminente. Estas sentencias de pena capital se basan en confesiones obtenidas bajo tortura y dictadas en procesos que no guardan ninguna semejanza con juicios justos", señaló en un comunicado el director de la ONG.