I. A veces me ocurre como a don José de Arteche le sucedió atravesando el Puente de Santa Catalina sobre el Urumea camino en la mañana a su puesto de trabajo en la Diputación de Guipúzcoa: un mal pensamiento creyendo encontrar el rostro del diablo en un transeúnte. Arteche, el gran memorialista vasco, lo anotaba en su diario como yo lo hago en este Cuaderno ahora. Hay en mi ánimo dos ideas que se contraponen: de un lado la convicción, que me identifica con gente como Fusi, Santos Juliá, Aragón y muchas personas de mi generación de que hemos conseguido históricamente en nuestra democracia constitucional un nivel que no habíamos alcanzado nunca, dejando atrás definitivamente subdesarrollo económico e inestabilidad institucional y atraso políticos: en suma, una cierta normalidad que nos hace estar a la altura de países con los que llevábamos mucho tiempo en desventaja, de manera que habríamos de estar locos para pensar en despreciar o ignorar este estado de cosas. Pero por otro lado, es cierto que seguimos sin superar la descripción de Ortega, incapaces de lograr una tranquilidad nacional, el sentido de pertenencia y la solidaridad nacionales, que nos hace estar en zozobra continua, de modo que todo lo que podemos aspirar es hallar un grado de “conllevanza” que evite que nos destrocemos. Somos estructuralmente insatisfechos, y esta situación de desequilibrio nos limita y determina gravemente, y nos hace creer muchas veces y de modo pesimista que no tenemos remedio, o que una vez más no lo hemos encontrado. Aunque yo vacilo, quizás todavía no he perdido la esperanza. Y confío en que la zozobra se trata de un mal pensamiento que debe disiparse como le ocurría a don José de Arteche con la bruma donostiarra y sus fantasmas.
II. Preparando una intervención académica en la presentación del excelente número sobre el principio de colaboración en el Estado Autonómico de la Revista de Estudios Políticos, me encuentro con una nota mía sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña(STC 31/2010). Esta resolución del Tribunal debe ser la peor comprendida en la historia de nuestra democracia. Frente a quienes han insistido en presentar la Sentencia sobre el Estatut como una regresión o un paso atrás, me parece que hay que apuntar a las novedades que la misma comporta. Sin duda dos, sobre la segunda de las cuales, como es obvio, habremos de insistir. Desde un punto de vista formal, y a pesar de que tenía que resolver casi doscientas impugnaciones, bastantes de ellas bien infundadas, la Sentencia es muy clara y directa: evita lo farragoso y va directamente a las cuestiones, a lo que ayuda sin duda la franca separación que se establece entre antecedentes y fallo, y que facilita su lectura. Pero en cuanto al fondo también hay alguna novedad: acoge con gusto, los desarrollos federales del Estatuto, afirmando una idea capital: se trata de renunciar a la visión del espacio público como un espacio dividido. En efecto, según la Sentencia los títulos estatutarios no determinan las competencias del Estado; y las competencias de la Comunidad Autónoma son compartidas; pero los Estatutos inciden también en las competencias del Estado, que tampoco tiene totalmente competencias exclusivas o que excluyan la participación autonómica.
De modo que los Estatutos pueden contemplar la participación en las competencias del Estado de la propia Comunidad Autónoma, cuando se trata de competencias del Estado que afectan al ejercicio de competencias autonómicas. Bien entendido que se trata de previsiones hechas en el Estatuto de modo general, correspondiendo al Estado establecer los términos concretos de la intervención así como la decisión sobre la oportunidad de la misma. Así, el Tribunal reconoce la participación en diversos ámbitos de actuaciones en relación por ejemplo con el principio de bilateralidad, aceptando la Comisión Mixta Gobierno -Generalidad; admitiendo la facultad de la Comunidad Autónoma para solicitar la firma de tratados o recibir información de los mismos. También procede la propuesta de Cataluña en la composición de diferentes organismos o instituciones del Estado; o respecto del ejercicio de algunas competencias por parte de la Administración central, así sobre la planificación de la economía. Interesante es la previsión estatutaria de la intervención de la Comunidad Autónoma en relación con la competencia del Estado respecto de las comunicaciones por carretera entre varias Comunidades Autónomas; o admitiendo la propuesta de la Comunidad sobre la fijación del número de inmigrantes a admitir.
III. Imposible no registrar en este Cuaderno la tristeza que a todos nos ha deparado el súbito fallecimiento de José Tudela. El lector sabe que son innumerables las veces que nos hemos referido a la actividad del profesor y letrado Tudela. Pepe Tudela, dirigiendo la fundación Giménez Abad, desde Zaragoza, pero para toda España, ha llevado a cabo una ingente labor en el estudio de nuestro parlamentarismo y de la descentralización. Se trata, en efecto, la suya de una obra bien hecha, de una aportación absolutamente relevante, llevada a cabo con independencia y un elevada exigencia académica .
Pero no solo quedará la figura del letrado y profesor José Tudela ligada a su labor en la Giménez Abad, sino manifiesta en su propia contribución académica, que conjugaba muy bien el rigor y detalle de lo estudiado, con el intento de penetración en lo que trataba.
La personalidad de Tudela era realmente poliédrica: así era un conocedor excelente de la realidad Iberoamérica. Además debe resaltarse su condición de viajero impenitente, que reflejaba en sus libros posteriores, sobre paisajes y culturas a menudo exóticas. También era un selecto coleccionista de libros, especialmente de autores españoles exiliados, etc.
Creo que su último libro, En defensa del Estado de Derecho, corona con toda brillantez, como conoce el lector de este Cuaderno, su obra dedicada al estudio de nuestra forma política y territorial . Por lo demás su bonhomía y afabilidad eran proverbiales…