Ruiz Coll en El Español aporta algunos datos que radiografían la situación que vive en la actualidad la España sanchista. El informe de la Comisaria General de Extranjería de la Policía Nacional cifra en 1.250.000 los inmigrantes regularizados. El 80 por ciento de los nuevos empleos que se crearon desde el año 2024 están ocupados por trabajadoras y trabajadores procedentes de la inmigración. Cerca de 450.000 cobran ya el Ingreso Mínimo Vital y en un alto porcentaje las ayudas por la vivienda y por los hijos.
Incluso la ministra Elma Saiz, conforme al informe CES, certifica que desde 2018 la población extranjera ha crecido en la España sanchista por encima de los 2.000.000 de personas. Una buena parte de la inmigración favorecida está formada por marroquíes. Los inmigrantes proceden de Marruecos desde 2018 superan ya el millón, mientras el empleo creado en España desde el año 2024 está ocupado en un 19,2 por ciento por la población inmigrante. Y en proporción similar, el 17,6 por ciento, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son inmigrantes.
Ruiz Coll aporta otros muchos datos relevantes. El problema, sin embargo, no está en los inmigrantes que, dentro de la legalidad, resultan necesarios para el desarrollo económico español. El problema reside en que el sanchismo pretende otorgar la nacionalidad española a esos inmigrantes, dándoles, además de papeles, el derecho a votar, lo que puede alterar de forma considerable el censo, desvirtuando los sondeos que certifican el éxito de PP-Vox y la hecatombe para el PSOE sanchista. Difícil vaticinar en qué va a acabar esta operación, pero sí se puede afirmar que Pedro Sánchez, incapaz de contener el desprestigio de su opción política, busca fórmulas que desvirtúen las encuestas y le permitan mantenerse en la silla curul del palacio de la Moncloa.