Gallardón rectifica…en parte

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido hoy que retirará del proyecto de Ordenanza de la Publicidad el punto que iba a prohibir la actividad de hombre-anuncio en las calles de la capital. Al mismo tiempo, añade que dicha actividad estará sujeta a regulación municipal, toda vez que se lleva a cabo dentro del ámbito de competencias pertenecientes al consistorio madrileño. Rectificar es de sabios, y justo es reconocérselo a Gallardón, aunque haya hecho falta que se alzasen contra una medida semejante colectivos y personas de todo tipo. Es seguro que quien trabaja como “hombre anuncio” no lo hace movido por una vocación, sino más bien por la necesidad de trabajar. Trabajar honradamente, desempeñando un cometido no precisamente grato, a la intemperie y poco remunerado Pero un puesto de trabajo, a fin de cuentas. Gracias al cual, los que portan un anuncio a diario obtienen el sustento con el que aliviar sus cargas familiares. La naturaleza del negocio es exactamente la misma que la de Fernando Alonso, Rafael Nadal o tantos otros deportistas de élite: lo único que varía sustancialmente es la cantidad. La injerencia municipal era, pues, discriminatoria y de todo punto inaceptable, y ante la contestación generalizada, Gallardón –que parece disfrutar con la polémica- ha dado marcha atrás.

No es primer charco en el que se mete el regidor madrileño. La decisión de trasladar la sede del Ayuntamiento de la Plaza de la Villa a la Casa de Correos generó en su momento un agrio debate. El coste de la mudanza –para muchos innecesaria- sobrepasó los 300 millones de euros; recordar estas cifras en tiempos de crisis asusta. Hace bien poco se inauguró en Madrid el último capricho de Alicia Moreno, el Teatro del Canal, proyecto que más de uno consideraba innecesario, habida cuenta de la cantidad de teatros y cines reconvertidos que hay en Madrid. También con dinero público, claro. Y mucho. Porque las arcas municipales andan escasas de fondos –normal, visto lo visto- y hay que recaudar.

En 2009 los madrileños deberán pagar una tasa de 60€ por la recogida de la basura -dicho sea de paso, un servicio excelente que sirve de modelo en varias ciudades-. La tasa es comprensible, habida cuenta de ser una práctica habitual en la mayor parte de capitales europeas, y de la evidencia según la cual los impuestos municipales no han de sufragar -no habría capacidad suficiente- la totalidad de actuaciones llevadas a cabo en la capital de España. Pero se entiende menos algo en lo que aún Gallardón no ha dado su brazo a torcer, y es que funcionarios municipales inspeccionen la basura, para ver quién recicla correctamente y quién no. Para éstos últimos, multa. El que una administración pública hurgue en algo tan privado como la basura de sus ciudadanos parece desprendido de una pesadilla orwelliana pero tal esperpento amenaza, desgraciadamente, con transformarse en parte de la realidad madrileña. Son las cosas de Gallardón. Esperemos que el Ayuntamiento de Madrid no haya agotado su cupo de rectificaciones. Falta hace.