Vox es un partido ascendente, imprescindible para que el Partido Popular pueda gobernar en España y en buena parte de las Comunidades Autónomas. Lo que ocurrió en Extremadura y Aragón, lo que ocurre hoy en Castilla y León, ha convertido al partido de Santiago Abascal en el árbitro de la situación. Políticamente, el Partido Popular es el vencedor. Desde el punto de vista democrático, Vox tiene derecho a exigir la porción de poder que su porcentaje electoral le concede. No más. Tampoco menos. La coacción política, y no digamos el chantaje, deben quedar fuera de la negociación entre los dos partidos.
Vox, efectivamente, tiene derecho a exigir lo que le corresponde. La ciudadanía le ha otorgado una posición indiscutible en el juego democrático. No tiene derecho, sin embargo, a poner unas condiciones que entorpezcan la formación de Gobierno. Por el contrario: Abascal y los suyos se encuentran con el deber de facilitar un Gobierno estable en el que tanto el Partido Popular como Vox se den lo que porcentualmente corresponde a cada uno. Son muchos los ciudadanos que consideran miserable lo que está ocurriendo en Extremadura y Aragón; muchos más los que creen correcto que cada partido político se alce en Extremadura y Aragón, en Castilla y León, con el poder que los electores han decidido en las urnas. La opinión pública está hoy expectante y espera que el presidente de Vox negocie con la debida urgencia la fórmula objetiva de su entendimiento con el Partido Popular. Se trata de garantizar la gobernabilidad en las Comunidades Autónomas afectadas, y eso depende de que Abascal y los suyos atiendan democráticamente a lo que ha decidido la ciudadanía. Veremos qué ocurre, pero parece lógico que en unas semanas, muy pocas semanas, se llegue a una fórmula apta para que los dos partidos, tanto en Extremadura como en Aragón y en Castilla y León, puedan empezar a gobernar de forma eficaz