Opinión

Europa ante el islamismo radical de Irán

TRIBUNA

José Luis Martínez López-Muñiz | Domingo 22 de marzo de 2026

Cerca de medio siglo lleva el gran país de la antigua Persia bajo un Estado islámico radical que ha querido constituirse en grave amenaza permanente para la seguridad y la paz en la llamada región asiática del golfo pérsico y del oriente próximo –en expresión europea- y, dada la relevancia estratégica actual de toda esa zona, para el mundo entero.

Con una extensión territorial bastante superior al triple de la de España, situado entre el Mar Caspio y el golfo pérsico, limita en su noroeste con dos repúblicas subcaucásicas (Armenia y Azerbaiyán), hace frontera al oeste con Turquía e Irak, al norte, al este del Caspio, con Turkmenistán, continuando su frontera oriental hacia el sur con Afganistán y Pakistán. Es, pues, paso obligado para ir por tierra a la India o al centro y el este asiático -China-, desde el Mediterráneo y desde Arabia y la antigua Mesopotamia. Su capital Teherán, con unos 8 millones de habitantes, se encuentra al norte, relativamente cerca del borde sur del Caspio; como se sabe, un enorme lago asiático, cuyas costas pertenecen, además de al propio Irán y a los países ya mencionados con los que limita al norte, a Rusia y a Kazajistán, que se reparten algo más de la mitad norte de esas costas, respectivamente al oeste y al este. Tiene una población de casi 92 millones de habitantes. Cuenta con una de las reservas de hidrocarburos más potentes del mundo, tanto en petróleo como más aún en gas. Solo un 30 % de su territorio son tierras agrícolas o de pastos y algo menos de un 7% son bosques. El resto son terrenos áridos o desérticos, situados principalmente fuera de la zona próxima al Caspio o cercana a Irak.

Tras la formación a partir de su suelo de varios célebres imperios en la edad antigua, el país fue conquistado por los musulmanes a mediados del siglo VII y, en siglos posteriores, tras diversas y complejas incidencias, acabó dominando en él el islamismo chiita. La Monarquía reinante en los últimos siglos se abrió a efímeras incorporaciones constitucionales propias del Estado de Derecho en el siglo XX, pero, tras varias vicisitudes, el Sah fue destronado en una revolución, a cuyo frente se puso el islamismo chiita radical de los Ayatolás, proclamándose la República Islámica en 1979, cuyo Líder Supremo retiene lo poderes más determinantes en todos los órdenes, incluido el militar, el de la inteligencia y seguridad, el informativo y el de los superiores nombramientos judiciales, por encima, desde luego, del Presidente, jefe del ejecutivo, elegido por sufragio universal por cuatro años, pero si su candidatura es antes aprobada por el Consejo de Guardianes, la mitad de los cuales (6 de sus 12 miembros) son clérigos designados por el Líder Supremo, y que actúa como cámara alta legislativa, sin cuya aprobación no puede convertirse en ley ningún proyecto adoptado por la Asamblea Consultiva Islámica, el Parlamento (290 miembros elegidos cada cuatro años, debiendo ser también aprobadas las candidaturas por el Consejo de Guardianes). Las libertades y derechos humanos están severamente recortados. Son conocidas las sangrientas represiones practicadas contra opositores y el fuerte control que ejercen los Guardianes de la Revolución Islámica.

El conocido como régimen de los Ayatolás ha evidenciado de manera permanente sus intenciones belicosas contra Israel y cuantos le hayan apoyado o le apoyen, destacadamente los Estados Unidos de América, pero, más ampliamente, y siguiendo la tradición de la historia del Islam, en sus fases más acusadamente militares, contra todo lo cristiano, lo judío y la ilustración y la modernidad occidentales (a excepción de los avances tecnológicos, por supuesto).

La relevancia de su progresiva militarización, con incremento incesante de su armamento y su empeño por dotarse de la bomba atómica, ha sido vista con prevención y ha dado lugar a resoluciones adversas de Naciones Unidas, precisamente por cuanto implica el tono y las aspiraciones de sus responsables políticos y religiosos. Todo Estado tiene todo el derecho de dotarse de los medios defensivos que estime necesarios, pero el siglo XX ya nos dejó claro que la comunidad internacional no puede permanecer impasible ante la potenciación armamentística y de los ejércitos de un Estado cuyo gobierno, carente de frenos y límites democráticos, no deja de manifestarse como amenaza creciente para los demás.

Hace muchos años que se conoce bien la acción incesante de Irán, armando y dirigiendo grupos fanáticos como Hamás, Hezbolá, o los hutíes del Yemen, para su actuación terrorista contra Israel y cuanto a su juicio le ayude. Y, a pesar del conocido enfrentamiento entre chiitas y suníes, no dejó de colaborar con Al-Qaeda y otros grupos yihadistas en Irak y en diversas partes del mundo, o con la insurgencia talibán en Afganistán. Ciertamente, en principio, el islamismo suní, la otra gran rama islámica, que tiene sus propias radicalizaciones fanáticas, es uno de sus enemigos, incluido, naturalmente su pretendido ISIS o “Estado Islámico de Irak y Siria” (Dáesh), si bien coinciden en su odio a lo europeo u occidental (aunque también al mundo cristiano-bizantino, incluida Rusia, más allá de entendimientos circunstanciales).

¿Podía la comunidad internacional seguir limitándose a declaraciones, sin hacer nada para evitar la consumación de un poder militar de Irán, sin control democrático alguno, que podía llegar más pronto que tarde a disponer nada menos que de un arsenal atómico? La actitud habitual de los dirigentes iraníes, aun aparentemente más moderada en algunos de sus gobernantes más recientes, bien que nunca en los niveles más altos, no venía ofreciendo la menor garantía en cuanto a la contención y prudencia exigibles a un Estado con armamento tan letal, susceptible de desencadenar una auténtica catástrofe mundial.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado resoluciones importantes al respecto, siendo de destacar la 2231, de 2015, sobre las medidas para asegurar el uso pacífico de la energía nuclear en Irán, o, ya, en otro orden, en medio de la actual grave crisis bélica, la 2817, del último 11 de marzo, por la que condena en los términos más enérgicos los infames ataques perpetrados por la República Islámica del Irán contra los territorios de la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y Jordania, y determina que tales actos constituyen una violación del derecho internacional y una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales, exige su cese inmediato, exhorta a la República Islámica del Irán a que cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular con respecto a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en los conflictos armados, y, en fin, ordena el respeto a la libre navegación especialmente en la zona del estrecho de Ormuz, recordando el derecho a defenderse que tengan quienes vean desconocidos sus derechos.

El Consejo Europeo de la Unión Europea, en su reunión del pasado día de San José, acaba de reiterar que nunca debe permitirse a Irán adquirir armas nucleares y que Irán debe cumplir sus obligaciones jurídicamente vinculantes en materia de salvaguardias en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, a la vez que ha instado a Irán a que vuelva a cooperar plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ha pedido también expresamente al régimen iraní que ponga fin a la violencia y la represión contra su propio pueblo y que se respeten los derechos humanos universales y las libertades fundamentales del pueblo iraní, incluido el derecho a elegir su propio futuro.

Todo lo cual está muy bien y es bien significativo. Pero ¿bastan las palabras? ¿Basta la diplomacia? ¿No llega el momento en el que el Derecho ha de imponerse por la fuerza coactiva apropiada? Se trata de decisiones especialmente difíciles en el ámbito internacional. La comunidad internacional organizada no acaba de disponer de los mecanismos necesarios. La Carta de Naciones Unidas legitima la legítima defensa y también la autorización del empleo de la fuerza militar, pero ¿ha de poder beneficiarse un Estado opresor y peligrosamente militarizado, sin el control de la democracia y de la libertad, de la inoperancia que puede resultar de los complejos y condicionados poderes decisorios de la ONU?

Europa debe seguir madurando sus decisiones trascendentales, más allá de gesticulaciones o errores concretos de unos u otros dirigentes, incluido el “amigo” americano, con realismo y efectividad operativa, guiada, desde luego, por la ecuanimidad y el Derecho. Sabiendo también asumir las costosas cargas a que la responsabilidad obligue, cuando ello sea necesario.