8 años de prisión
Sábado 20 de diciembre de 2008
Por primera vez en la historia, un tribunal francés ha juzgado a un diplomático tunecino, bajo la acusación de torturas y malos tratos hacia una mujer de 44 años, Zulija Garbi, cuando dicho funcionario ejercía de comisario de policía en la ciudad tunecina de Jenduba. La jurisprudencia francesa se ha amparado en el principio de competencia universal admitido por la justicia francesa desde 1996, doce años después de que las Naciones Unidas proclamase dicho principio en Nueva York en 1984. Según el mismo, la Justicia francesa puede juzgar crímenes de tortura o barbarie cometidos en otro país por ciudadanos no franceses.
Jaled Ben Said, fue vicecónsul de Túnez en Estrasburgo nombrado en el año 2001. Cuando Zulija Garbi, refugiada en Francia desde 1997 donde vivía con su marido y sus cinco hijos, se enteró de que su antiguo verdugo había sido designado para ocupar este puesto diplomático en Estrasburgo, presentó una denuncia ante los tribunalres franceses. El juez de instrucción que se hizo cargo de la misma convocó al ex-comisario Ben Said, pero éste huyó a su país de origen y se limitó a enviar un abogado. La instrucción del caso iniciada en el año 2002 se ha prolongado hasta el 2008. Y el tribunal del Bajo Rhin acaba de dar a conocer su veredicto por contumacia: ocho años de reclusión criminal para el acusado Jaled Ben Said, frente a los 15 que requería la acusación. El juez ha desestimado el cargo de haber participado personalmente en las torturas inflingidas a la víctima, Zulija Garbi, y se ha limitado a aceptar los cargos de ordenar a sus subordinados el interrogatorio de la mujer utilizando métodos de tortura.
En el momento de los hechos, en octubre de 1966, Zulija Garbi vivía en Jenduba, localidad al noroeste de Túnez, junto con sus hijos. Su marido, Muldi Garbi, se encontraba refugiado en Francia desde 1993. La policía tunecina se presentó en casa de la víctima para averiguar el paradero de su marido, y tras un estéril interrogatorio la trasladó a la comisaria del lugar, donde Zulija sufrió tratos vejatorios y maltratos fisicos durante dos días. Fue desnudada, colgada de una viga metálica, abofeteada y vejada con golpes y pellizcos en los senos.
El abogado del ex-vicecónsul clamó por la inocencia del acusado, alegando falta de pruebas materiales, la inexistencia de certificados médicos y de testigos presenciales. Sin embargo, la víctima obtuvo el apoyo de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y de la Liga Francesa de Derechos Humanos (LDH), que se sumaron a la acusación y declararon en el juicio que el Estado tunecino recurre a la tortura sistemáticamente en contra de sus opositores. El abogado de la victima estimó por su parte que "la tortura en Túnez es un modo de control de la sociedad".
Jaled Ben Said fue objeto de un mandato de búsqueda y captura internacional emitido por la Interpol en 2002, y podría ser juzgado de nuevo en su presencia antes del 2016 fecha en la prescribirá el delito. El gobierno tunecino ha reaccionado ante el juicio considerando que se estaba haciendo un proceso político contra el régimen, ya que el tal Muldi Garbi "es un terrorista conocido" sospechoso de pertenecer a una corriente islamista prohibida en Túnez.
Lo que resulta probante para la justicia francesa es que el acusado no solo huyó del país en 2002, sino que nunca se presentó personalmente ante los tribunales, y que su país, Túnez, no ha admitido en ningún momento el envío de una comisión rogatoria para interrogarle. En estas condiciones el gobierno tunecino se encuentra en una situación poco confortable, ya que mantiene un mutismo absoluto sobre las acusaciones de tortura emitidas contra uno de sus funcionarios de Estado. Situación que favorece el eco que está teniendo en Europa, y en particular en Francia, las denuncias de la oposición tunecina sobre los métodos utilizados por el régimen para perpetuarse en el poder.