El juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen comienza este lunes en la Audiencia Nacional, con el exministro Jorge Fernández Díaz en el banquillo, entre otros. Se da la circunstancia de que esta misma semana, en concreto el martes, arranca también el juicio del caso Koldo, en el que están imputados el exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Hasta el 30 de junio se juzga en este tribunal una presunta operación parapolicial dirigida a sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Durante la sesión de este lunes en la Audiencia Nacional, el PSOE ha vuelto a pedir la imputación de la exministra María Dolores de Cospedal y el PP ante “nuevas” pruebas. El PSOE ha pedido al tribunal anular el juicio para investigar unos audios intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo que cree que implicarían a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas, en la que ya estuvo imputada.
Este partido, que ejerce la acusación popular, ha propuesto en el turno de cuestiones previas que se reabra la instrucción del caso Kitchen para poder investigar estos audios que, según la letrada Gloria de Pascual, nunca se han tenido en cuenta porque en su día se incorporaron a otra pieza del caso Villarejo, la número 34, y cuando se le levantó el secreto se pudo comprobar que "nunca" fueron analizados.
La defensa del exministro del Interior por su parte, ha pedido la nulidad de las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso Kitchen. Así lo ha expuesto su abogado Jesús Mandri en sus alegaciones ante el tribunal que desde este lunes juzga el caso Kitchen y que esta semana está previsto que se dedique a la fase de cuestiones previas.
El letrado ha reclamado como cuestión principal que se anule la celebración del juicio al entender que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar este caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede.
Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.
Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.
También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.
La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.
Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.
Junto a Fernández Díaz, están acusados su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha. También José Manuel Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.
Fernández Díaz y Martínez están acusados de dar la orden de espiar al extesorero por medio de este operativo para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.
Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.
En total, diez acusados (eran once, pero uno ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido y a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.