El artículo 134 de la Constitución, aprobado en 1978 por la voluntad general del pueblo español en referéndum nacional, ordena: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. El texto no admite discusiones. Es claro y rotundo.
En diciembre del año 2022 se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado del sanchismo. Desde entonces, y ante el riesgo de que la mayoría del Congreso de los Diputados votara en contra. Pedro Sánchez decidió enfrentarse abiertamente con la Constitución.
La Carta Magna española exige, en efecto, que antes del 1 de octubre se presenten los Presupuestos Generales del Estado. Deberán someterse a debate en el Congreso de los Diputados. Podrán aprobarse o rechazarse. Pero está claro que la Constitución exige su presentación en la fecha establecida. La resolución del Gobierno contra la Constitución resulta especialmente alarmante porque durante los tres años últimos, Pedro Sánchez ocupa su poltrona monclovita en abierta colisión con el texto constitucional.
Claro que Alberto Núñez Feijóo debería emprender las denuncias jurídicas correspondientes para que los jueces actúen conforme a derecho. Soportar un incumplimiento constitucional de tan alto calibre no acredita la defensa del interés común que el Partido Popular y el resto de los partidos parlamentarios deberían adoptar ante una situación tan anómala. Varios medios de comunicación confirman que la situación española constituye ya un escándalo en toda Europa.