El Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de amparo que presentó el grupo del PP en el Congreso en la anterior legislatura ante la decisión de la Mesa de la Cámara de prorrogar 71 veces el plazo para registrar enmiendas a un proyecto de ley, que acabó decayendo más de dos años después al convocarse elecciones.
Una vez conocida la decisión, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que pongan fin al “bloqueo” al poder legislativo. “Esta sentencia confirma que Sánchez gobierna contra el Parlamento”, ha asegurado.
El pleno del Tribunal Constitucional ha adoptado su decisión por unanimidad, al entender que la Mesa del Congreso, presidida entonces por la socialista Meritxell Batet, vulneró los derechos de los diputados a ejercer sus funciones representativas.
La iniciativa en cuestión derivaba de un decreto ley aprobado en 2020 que fue convalidado por el pleno y que se acordó que fuera tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que reduce a la mitad los trámites e implicaba que el plazo debía concluir el 15 de febrero de 2021.
Pero la Mesa del Congreso "procedió sistemáticamente, y sin motivación de su decisión, a autorizar sucesivas prórrogas de ese plazo, lo que a la postre determinó la caducidad del proyecto de ley, al concluir la legislatura el 30 de mayo de 2023 por la convocatoria de elecciones generales", destaca el tribunal de garantías en un comunicado.
El Constitucional recuerda que cuando se aprobó la prórroga 71, el PP pidió que se reconsiderara la decisión, pero la Mesa lo rechazó alegando simplemente que era competente para ampliar los plazos.
En concreto, se trataba del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2020.
Los populares recurrieron al Constitucional, y el pleno de este organismo les da la razón, al estimar que se vulneró el artículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes.
Anula así los acuerdos impugnados, aunque su decisión tiene efectos meramente declarativos porque la legislatura ya acabó.
En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, se señala que la Mesa del Congreso hizo un uso "indebido" de sus competencias al obstruir la tramitación de un proyecto legislativo y vulneró el derecho a la participación política de los diputados del PP, que no pudieron presentar enmiendas a la iniciativa legal.
Ampliar el plazo de enmiendas, destacan los magistrados, tiene como objetivo dar tiempo a los diputados para estudiar el proyecto en cuestión y decidir si lo enmiendan, pero esa competencia no puede ser utilizada para impedir que los parlamentarios puedan pronunciarse sobre un proyecto y para dificultar y obstruir su trabajo.
El PP, a través de Cuca Gamarra, ha considerado que el tribunal de garantías "confirma que Sánchez bloquea la aprobación de leyes" y ha recordado que el presidente del Gobierno "dijo que iba a gobernar sin el Parlamento y la realidad es que está gobernando contra el Parlamento"
Gamarra advierte que lo que ha dicho el Constitucional es que Sánchez y Armengol “no pueden seguir bloqueándonos e impidiendo que se aprueben leyes en España solo porque el Gobierno está en minoría”
Ha acusado además a Sánchez de “filibusterismo” y de “prácticas no democráticas” al utilizar la Mesa del Congreso para bloquear leyes aprobadas por el Senado y que se encuentran bloqueadas en el Congreso.