La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estrechado el foco sobre las relaciones entre la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el exasesor ministerial Koldo García, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de contratos irregulares de material sanitario durante la pandemia. Un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional revela una cadena de contactos, intermediaciones y gestiones que, según los investigadores, sitúan a García como pieza clave para canalizar intereses empresariales vinculados a Víctor de Aldama a través de su cercanía con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El dosier policial, de casi 200 páginas, documenta comunicaciones mantenidas durante los meses más críticos de la crisis sanitaria en 2020. La UCO concluye que García actuó como “correa de transmisión” entre responsables políticos y empresarios interesados en obtener contratos públicos, especialmente en el suministro de mascarillas y otros materiales médicos.
Según el informe, el primer contacto entre Armengol y Koldo García se produjo el 25 de abril de 2020, apenas semanas después del inicio del confinamiento en España. Ese mismo día, tras intercambiar mensajes con la entonces presidenta balear, García contactó con el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, para ofrecer un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros por unidad.
A partir de ese momento, siempre según la UCO, se activó el engranaje administrativo para la adquisición de material sanitario, en algunos casos sin que constara previamente la formalización contractual correspondiente. Los investigadores destacan que esta operativa se habría producido con la intermediación de Aldama, empresario investigado por el presunto pago de comisiones ilegales.
Uno de los elementos más llamativos del informe son los mensajes intercambiados entre Armengol y García. En uno de ellos, fechado el 29 de abril de 2020, la dirigente balear pregunta por proveedores de mascarillas infantiles. “¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?”, escribió. La respuesta de García fue inmediata: “Te lo arreglo”. Horas después, le trasladó detalles sobre el coste —en torno a 800.000 euros— y los plazos de entrega.
La relación entre ambos no se limitó a la compra de material sanitario. La UCO recoge múltiples conversaciones posteriores en las que se abordan cuestiones diversas, desde la gestión de la pandemia hasta inversiones y fondos europeos.
En septiembre de 2020, Armengol recurrió nuevamente a García para solicitar su mediación con Ábalos en relación con proyectos estratégicos para Baleares. “¿Me ayudarás?”, preguntó la entonces presidenta autonómica en un mensaje de WhatsApp. Para los investigadores, este tipo de comunicaciones evidencian la influencia que el asesor ejercía dentro del Ministerio.
Además, el informe recoge intercambios en los que Armengol comparte con García información sobre sus conversaciones con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo que, a juicio de la UCO, refuerza la idea de una relación fluida y continuada.
Uno de los aspectos centrales del informe es el papel de García como facilitador de contactos entre responsables políticos y empresarios vinculados a Aldama. En este sentido, los investigadores describen cómo el asesor presionó a Armengol para que se reuniera con determinados grupos empresariales interesados en presentar proyectos relacionados con la COVID-19 en Baleares.
En un mensaje, García llega a sugerir un encuentro informal: “Si comes con ellos mañana algo rápido en un reservado... te voy a querer siempre”. Posteriormente, Armengol facilitó el contacto de su entorno profesional, lo que permitió avanzar en la organización de dichas reuniones.
Según la UCO, estas gestiones formaban parte de una dinámica más amplia en la que García utilizaba su posición para favorecer los intereses de Aldama. A cambio, el empresario habría realizado pagos periódicos en efectivo —alrededor de 10.000 euros mensuales— al asesor, al menos desde octubre de 2019.
El informe también recoge episodios en los que Armengol solicitó la ayuda de García para contactar directamente con Ábalos. Uno de ellos tuvo lugar en junio de 2020, cuando la presidenta balear intentaba abordar cuestiones relacionadas con el transporte y las restricciones de movilidad.
“Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?”, escribió. Según la reconstrucción de la UCO, García facilitó ese contacto, lo que habría permitido a Armengol trasladar preocupaciones relacionadas, entre otras cuestiones, con los test PCR necesarios para el tránsito de pasajeros.
Para los investigadores, este episodio demuestra el “dominio” que García ejercía dentro del Ministerio y su capacidad para influir en la interlocución política de alto nivel.
Las conclusiones de la UCO contrastan con la versión ofrecida por Armengol ante el Tribunal Supremo, donde declaró por escrito que nunca trató con García asuntos relacionados con expedientes de contratación ni mantuvo conversaciones con Ábalos sobre compras de material sanitario.
La dirigente socialista sostuvo que sus contactos con el entonces ministro se limitaron a cuestiones vinculadas al cierre de puertos y aeropuertos durante la pandemia. Sin embargo, los mensajes analizados por la Guardia Civil apuntan a una relación más amplia y diversa.
El informe forma parte de una investigación más amplia que afecta a Ábalos, García y Aldama, y que se centra en un presunto entramado de adjudicaciones irregulares durante la emergencia sanitaria. Paralelamente, algunos de los implicados están siendo juzgados por posibles delitos de corrupción.
La documentación aportada por la UCO refuerza la hipótesis de que la red habría operado aprovechando la urgencia de la pandemia para agilizar contratos públicos, en ocasiones sin los controles habituales, y con la posible existencia de contraprestaciones económicas.
En este contexto, el papel de García emerge como clave para entender la conexión entre la esfera política y los intereses empresariales. Su capacidad para mediar, facilitar contactos y acelerar procesos administrativos lo sitúa, según los investigadores, en el centro de la trama.
Mientras tanto, el caso continúa avanzando en los tribunales, con nuevas revelaciones que podrían tener implicaciones tanto judiciales como políticas en los próximos meses.