El año pasado, el director de la Real Academia Española publicó De la democracia en Hispanoamérica (Taurus), un libro largo y documentadísimo, que agrupa informaciones tan interesantes como poco divulgadas. Santiago Muñoz Machado ha procurado discutir con buenas razones a quienes, desde ambos lados del Atlántico, arrecian en sus ataques contra la democracia liberal y alegan una supuesta “inadecuación a las peculiaridades latinas”. De este modo, apelando a la regeneración democrática, los populistas buscan fortalecer regímenes autocráticos y dictatoriales “que han abolido la alternancia en el poder y liquidado el derecho a la discrepancia política”.
Hagamos un poco de historia. En 1745, había diecisiete universidades en la América española por sólo tres establecimientos de educación superior para predicadores en la América británica (datos éstos que extraigo de Gonzalo M. Quintero). En 1811, tres meses antes de la Constitución de Cádiz se aprobó la Constitución Federal de Venezuela, la primera de la América hispana. Su artículo 200 contiene una consideración que no tiene desperdicio si se lee con atención:
“Como la parte de ciudadanos que hasta hoy se ha denominado indios no ha conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la monarquía española dictó a su favor, porque los encargados del gobierno en estos países tenían olvidada su ejecución”.
La política exterior de Bonaparte sacudió a Europa e impulsó la fragmentación de América. En la Gaceta de Madrid del 20 de mayo de 1808, Carlos IV comunicó que cedía “todos sus derechos al trono de España y de las Indias a S.M. el Emperador Napoleón, como el único que, en el estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden”. En 1812, la Constitución de Cádiz declaró que la nación española no era patrimonio de ninguna persona ni familia y que era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Los territorios que eran antiguas colonias se transformaban en parte de un solo Estado nación, lo que no tenía precedentes en ningún lugar del mundo. Sin embargo, destaca Muñoz Machado que no consagraba de forma explícita la igualdad entre los ciudadanos y que “no se optó por tratar de forma desigual a los desiguales, como también hubiera sido consecuente con el principio de igualdad”.
Había distinción entre ciudadanos y españoles, atribuyendo sólo a los primeros derechos políticos. La igualdad no se planteó de forma radical dado que la población americana rondaba los 15 o 16 millones, mientras que la de los españoles europeos estaba entre los 10 y los 11. El geógrafo y explorador alemán Alexander von Humboldt pudo señalar, después de un viaje de cinco años por América, que “el más miserable europeo, sin educación y sin cultivo de su entendimiento, se cree superior a los blancos nacidos en el Nuevo Continente”.
Despegada América de España, el sistema imperial se derrumbó. La soberanía se hizo trizas, con territorios y poblaciones absolutamente imprecisas. “Muchas provincias declararon la independencia antes de que la acordaran las unidades políticas superiores a las que pertenecían”. Caracas no tardó en escindirse de Bogotá para convertirse en capital de Venezuela, y Quito hizo lo mismo para ser capital de Ecuador. Formada en 1818, la República de Chile replanteó en 1861 la guerra del Arauco (al sur del nuevo país) que se prolongó más de veinte años, hasta imponerse por completo la soberanía territorial de la República. En 1929 los mapuches fueron llevados a más de tres mil reservas que abarcaban medio millón de hectáreas. Amplias comunidades indígenas vivían al margen con sus propias reglas.
A principios del siglo XIX se estimaba en México la existencia de 3.600.000 indios, el 58 por ciento de la población total. Aproximadamente el 16 por ciento de la población eran blancos, un millón de personas, de los cuales sólo 20.000 eran españoles nacidos en Europa; el resto de los blancos eran criollos. El 25 por ciento del total, un millón y medio de personas, eran mestizos o negros.
En 1822, poco después de la independencia de México, los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron que las tropas de cada país pudieran atravesar las fronteras cuando fuese necesario para combatir a los indios. Con los años, México se vio obligado a ceder casi el 40 por ciento de su territorio a Estados Unidos. E incluso, recalca Muñoz Machado, amplió esa transferencia por ventas ulteriores: “Estados Unidos se creyó con derecho a crecer a costa de los Estados vecinos o próximos y a invadir territorios de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas sin pudor ni límites”. Los últimos gobernantes mexicanos han gustado mostrarse pendencieros con España, a causa de la historia común. Pero a la altanera Claudia Sheimbaum no se le ocurre rechistar contra Trump. ¿Por qué?