La Agencia Tributaria ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que cifra en 2,4 millones de euros la cantidad defraudada por el comisionista Victor de Aldama en forma de beneficios por el pelotazo en el caso mascarillas.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una parte del denominado caso Koldo, que discurre en torno a presuntas irregularidades en contratos públicos, ya tiene encima de la mesa un informe de la Agencia Tributaria que afecta a Aldama y al empresario Juan Carlos Cueto, de quien la Fiscalía sospecha que está realmente tras la citada mercantil.
En paralelo a esta causa judicial de la Audiencia, el Tribunal Supremo está juzgando estos días al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas. Precisamente este miércoles está citado Juan Carlos Cueto como testigo.
Según la tesis de Hacienda, la cuota presuntamente defraudada por el comisionista Aldama en 2020 asciende a 2,4 millones de euros, si bien "la cuota exigible" es de 1,6, "al deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto sobre Sociedades 2020" por dos empresas vinculadas a él, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital.
Además de en Aldama, el informe ve indicios de un delito contra Hacienda en la propia empresa Soluciones de Gestión "al haber aminorado la cuota a declarar a ingresar", una operativa en la que "el principal interesado" era Juan Carlos Cueto, titular real del Grupo Cueto. Hacienda calcula que Soluciones pudo defraudar 200.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020.
En su informe, los investigadores subrayan "el papel relevante" de Aldama y Cueto en el denominado "negocio de las mascarillas".
Aldama, explica, fue "esencial" para conseguir los contratos por su "proximidad y contactos con el sector público", mientras que Juan Carlos Cueto, a través del Grupo Cueto, "facilitó y ejerció gran parte de la dirección del negocio", y utilizó la empresa Soluciones de Gestión "para obtener la contratación pública".
Cueto no es el administrador de Soluciones de Gestión, si bien la Guardia Civil cree que "ejercía el control efectivo sobre dicha sociedad y sobre la contratación pública adjudicada a la misma".
Aunque en las contrataciones participaron "numerosos intermediarios", Hacienda subraya que "la mayor parte de los beneficios se residenciaron" en empresas controladas por Aldama y Cueto, y sostiene que "se emplearon mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal" del ejercicio 2020.
Aldama, por ejemplo, facturó los beneficios a través de "dos sociedades interpuestas de manera artificiosa" -Deluxe Fortune y MTM 180 Capital- "la prestación de sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal"