La investigación judicial en torno a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como 'la fontanera de Ferraz', ha dado este viernes un nuevo paso con la declaración de dos antiguos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes han confirmado ante el juez la existencia y contenido de una reunión controvertida celebrada en un despacho de abogados en la que Díez les pidió información comprometedora contra el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas.
El magistrado Arturo Zamarriego investiga si Díez, junto con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, llevó a cabo maniobras destinadas a influir en procesos judiciales en curso, especialmente aquellos relacionados con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el testimonio de ambos exagentes, la reunión tuvo lugar en un despacho del abogado Jacobo Teijelo y en ella se abordaba inicialmente la situación legal del empresario Alejandro Hamlyn, quien se encuentra en busca y captura por un presunto fraude en el sector de hidrocarburos y reside actualmente en Dubái.
Los testigos han relatado que el encuentro transcurría con normalidad, centrado en cuestiones técnicas como estrategias de defensa, posibles acuerdos con la Fiscalía o la regularización de deudas, hasta que la llegada de Díez y Pérez Dolset alteró el curso de la conversación.
Ambos coincidieron en señalar que la mujer no se presentó como periodista ni especificó su papel. Sin embargo, su intervención derivó rápidamente hacia un interés por obtener información comprometedora sobre la actuación de la Guardia Civil, en particular sobre el teniente coronel Antonio Balas, uno de los mandos de la UCO implicados en investigaciones contra la presunta corrupción en el senso del Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez.
Uno de los testigos describió el tono de Díez como el de alguien que actuaba “en nombre de terceros” o incluso con una autoridad cercana a la institucional. Según su percepción, podía parecer alguien vinculada a asuntos internos del Estado, aunque nunca mencionó explícitamente al Partido Socialista ni a dirigentes concretos como Santos Cerdán.
El desconcierto entre los asistentes fue notable. El segundo testigo explicó que acudió a la reunión a petición de un amigo —el primero de los comparecientes, ahora abogado— con el objetivo de captar a Hamlyn como cliente. Sin embargo, el giro hacia la búsqueda de “material” contra investigadores frustró sus expectativas profesionales y le hizo perder interés en la reunión.
Las declaraciones coinciden en que Díez insistió en conocer posibles irregularidades dentro de la UCO y en obtener información sobre Balas. En la grabación de la reunión —incorporada a la causa— se recogen frases en las que la investigada llega a afirmar que preferiría que el teniente coronel estuviera “muerto” o que no quería que se convirtiera en “el verdugo de todos”.
Además, según fuentes presentes en la declaración, Díez habría solicitado “trapos sucios de jueces, fiscales y la UCO” a cambio de posibles beneficios judiciales o fiscales para el empresario investigado.
Los testigos también han corroborado la autenticidad del audio difundido en medios de comunicación, señalando que refleja fielmente lo ocurrido en el encuentro. Ambos consideran que la grabación fue realizada por el propio Hamlyn, quien participó en la reunión —al menos en parte— por videoconferencia.
La defensa de Díez y Pérez Dolset ha cuestionado la validez de las grabaciones, argumentando que solo se ha hecho pública una parte de las mismas. Asimismo, la propia Díez ha sostenido en diversas ocasiones que sus encuentros con empresarios investigados o con fiscales respondían a labores de documentación para un libro de investigación, en su condición de periodista.
Sin embargo, uno de los testigos fue tajante ante el juez: de haber sabido que se trataba de una periodista, habría abandonado inmediatamente la reunión. Esta afirmación refuerza la sospecha de que Díez no actuaba en calidad informativa, sino con otros fines no declarados.
El caso se enmarca en una serie de diligencias abiertas tras la publicación de los audios de la reunión, que provocaron denuncias por parte de asociaciones de la Guardia Civil y organizaciones como Hazte Oír, que ejerce la acusación popular.
Además, la empresa Hafesa, vinculada a Hamlyn, fue condenada por la Audiencia Nacional por fraude en hidrocarburos, lo que añade un elemento de gravedad al contexto en el que se produjo la reunión.
Durante la declaración, uno de los testigos intentó acogerse al secreto profesional como abogado para no testificar, pero el juez Zamarriego le advirtió de posibles consecuencias legales por desobediencia y le obligó a responder.
La causa sigue abierta y el juez deberá determinar si las actuaciones de los investigados constituyen un delito de obstrucción a la justicia o tráfico de influencias. La posible implicación de actores políticos y el uso de información sensible sitúan el caso en un terreno especialmente delicado, con implicaciones tanto judiciales como políticas.