El Gobierno de España asume que podría dejar sin ejecutar al menos 20.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, después de que la Comisión Europea haya descartado conceder una prórroga para ampliar el plazo más allá de agosto de 2026.
La cifra representa aproximadamente el 1,17% del PIB nacional y pone en entredicho el alcance del Plan de Recuperación impulsado tras la pandemia de COVID-19. Según distintas fuentes, los problemas de diseño, la burocracia y una gestión centralizada han dificultado la ejecución de los recursos, ralentizando la llegada efectiva de ayudas a empresas y administraciones territoriales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó formalmente más tiempo durante una reunión de líderes europeos en Nicosia este viernes, alegando el impacto económico de nuevas tensiones internacionales como la guerra de Irán. Sin embargo, Bruselas reiteró que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fue concebido como un instrumento temporal y que sus plazos no son modificables.
De los 163.000 millones asignados inicialmente a España —83.000 millones en ayudas directas y 80.000 millones en préstamos—, el país ha adjudicado cerca de 67.000 millones en subvenciones y movilizado apenas 8.000 millones en créditos. A pocos meses de la fecha límite, aún quedarían más de 27.000 millones por repartir.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió recientemente en el Congreso el impacto positivo de los fondos, destacando mejoras en la productividad. Sin embargo, estudios independientes elaborados por Funcas y Analistas Financieros Internacionales cuestionan ese optimismo.
Según estos informes, el efecto en la productividad ha sido “modesto”, con un incremento de apenas el 0,4%, y la inversión privada no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Además, señalan un posible “efecto sustitución”, en el que parte de las inversiones financiadas con fondos públicos se habrían realizado igualmente con recursos privados.
El escenario podría ser aún más negativo si se tienen en cuenta decisiones previas del Ejecutivo. En diciembre, el Gobierno renunció a cerca de 60.000 millones en préstamos europeos al considerar más ventajosa la financiación en los mercados. Esto reduciría significativamente el volumen total de recursos disponibles.
En conjunto, España podría llegar a perder hasta 80.000 millones de euros entre ayudas no ejecutadas y créditos descartados, lo que supone aproximadamente la mitad de los fondos asignados inicialmente.
Diversas fuentes apuntan a que la lentitud en la adjudicación —con cifras mensuales relativamente bajas en 2026— hace improbable que se logre ejecutar todo el dinero restante antes de la fecha límite. También se critica la complejidad administrativa y la falta de coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Desde la oposición, dirigentes como Francisco Conde han acusado al Gobierno de dejar compromisos pendientes con Bruselas y de no reconocer las dificultades reales del programa.
Los fondos Next Generation nacieron con el objetivo de transformar la economía española a través de la digitalización, la transición energética y la cohesión social y territorial. Sin embargo, cinco años después de su puesta en marcha, los resultados parecen estar por debajo de las expectativas iniciales.
A falta de pocos meses para el cierre definitivo del programa, el margen de maniobra es limitado y el riesgo