En 2021, el presidente del Gobierno P. Sánchez señalaba que la eutanasia era una conquista social. Considerando imprescindible que “fuera reconocida como un servicio por parte de la sociedad pública, un servicio fundamental”. Las palabras público, servicio y fundamental, las utiliza como sinónimos de verdad y bien, formando parte del nuevo código bioideológico. Dado que la eutanasia es una expresión del bien, cualquiera que se oponga a ella estará impidiendo aplicar un servicio público fundamental. Por su parte, la Ministra de Sanidad, Mónica García, médica de titulación, de profesión sindicalista, que en la Asamblea de Madrid escenificó su relación con la muerte, sostiene que la eutanasia se legitima por el “consenso social”, “haciendo a la sociedad española más humana y más libre”. Consolidándose así “el derecho a la autonomía personal” y legitimado “por formar parte de la transversalidad religiosa y política”.
Como todas las manifestaciones de la cultura de la muerte, la eutanasia posee un sentido utilitario, de “gran tibieza psíquica” (Ortega y Gasset). Procede del biologismo, cuya intención no es ayudar al otro, o respetar la dignidad de la persona. La eutanasia está desprovista de sentimientos nobles. Cuando los problemas de la existencia son insuperables, la racionalidad utilitaria exige que una persona no prolongue, debiéndose acoger a la muerte como su mejor aliado, apoyándose en una quaestio juris.
Si el colectivismo defiende la eutanasia se debe a que forma parte del proceso de deshumanización y de su estrategia destructiva de la vida humana, y recurre al conflicto para conquistar el poder y conservarlo. Cuando las condiciones no hacen posible provocar una guerra civil, se utiliza la batalla cultural para mantener un amplio conflicto social soterrado, pero destructivo. La eutanasia, un suicidio asistido solidario, se utiliza como un medio más para politizar la medicina, al objeto de extender la guerra sanitaria a la población, especialmente contra los que rechazan la muerte por voluntad política.
El progresismo ha impuesto la relación schmittiana entre el amigo, la enfermedad calificada de aceptable, y el enemigo, cualquiera que para el ideólogo y el profesional de la “salud” prefiera seguir viviendo con una dolencia indeseable. Dentro del ámbito hospitalario, la legalidad de la eutanasia implica imponer las leyes de la guerra bioideológica no sólo en momentos de crisis, ya que todo doliente habrá de quedar en manos de un profesional de la función médica con la potestad de desprenderse de quien considere oportuno. Los enfermos con gran sufrimiento y los que tengan una larga enfermedad se convierten en enemigos sociales al tener que emplearse recursos que deberían estar en manos de los dirigentes y militantes colectivistas. La voluntad política pondrá en práctica las exigencias bioideológicas, creando una sección administrativa “sanitaria” basada en la solución del punto final, que juzgará si un sujeto que alcance un grado de dolor no remitente ha de continuar viviendo. El sistema garantizará que un postnaciturus, sea deforme con una grave enfermedad y que haya dejado de ser apto para cumplir una función social, le podrá ser aplicado el tratamiento eutanásico, siempre partiendo de la “beneficencia procreativa” (J. Savulescu), a partir de la cual la sensiblería humanitaria habrá llegado a su máxima expresión.
Sea a causa de una minusvalía, por una enfermedad o por haber alcanzado una provecta edad, si una persona decide recurrir a la eutanasia, entiende que el bien es la muerte y el mal seguir con una vida sufriente e incompleta, La eutanasia no deja de ser una apoteosis de la vida y de la muerte porque, como cree Nietzsche, el hombre alcanza la mayor intensidad cuando está muy cerca de la muerte. Aunque cabría decir que la mayor intensidad para apreciar la muerte se alcanza cuando la persona decide alargarla.
Los prosélitos nihilistas de la eutanasia siguen la idea nietzscheana de que la voluntad instintiva se impondrá sobre unos valores, que habrán de conducir a que triunfe el deseo personal o la voluntad de quienes dirigen la sociedad. La existencia legal de la eutanasia tiene unos efectos potencialmente dramáticos, porque el individuo pierde el derecho a vivir si el poder justifica que debe abandonar la vida. De modo que todos los individuos, salvo los que forman parte de la clase privilegiada, pueden quedar sustraídos del afán de vivir. Al aplicar la eutanasia el ser humano queda reducido a la nuda vida (G. Agamben) despojado de la protección legal. No es extraño que durante la pandemia provocada por la Covid se suspendieran los derechos fundamentales y la mortalidad alcanzara altos niveles --¿con el beneplácito del Gobierno?--. Si los efectos no fueron más graves se debió al sacrificio de muchos sanitarios no sindicalistas.
Aunque a demasiados integrantes de la sociedad no les preocupe las consecuencias de la implantación de la eutanasia, probablemente se haya abierto el camino de la eugenesia, de la selección artificial, tanto respecto a la procreación, como a la selección sobre quién deberá sobrevivir, ya que una sociedad no deberá destinar recursos a quienes no son biológicamente útiles. Es decir, que la selección artificial (Francis Galton) deberá imponerse sobre la selección natural, al ser muy lenta y sólo efectiva a largo plazo.