La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sustituta del inhabilitado Álvaro García Ortiz, ha presentado este martes ante la Junta de Fiscales de Sala el borrador de la Instrucción sobre el régimen de comunicaciones, en el que exige, entre otras cosas, que los representantes del Ministerio Público comuniquen a sus superiores jerárquicos y a ella misma las investigaciones seguidas contra personas aforadas, jueces y magistrados, así como las "de especial impacto social o mediático".
Según ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado, Peramato ha presentado este martes el borrador de la Instrucción sobre el régimen de comunicaciones del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que precisa los supuestos que han de ser considerados como de especial importancia o trascendencia y que los fiscales deben comunicar a sus superiores jerárquicos y a la propia Peramato.
Dada la afinidad hacia el Gobierno de Pedro Sánchez mostrada por sus antecesores (Dolores Delgado, mujer de Baltasar Garzón, fue directamente ministra de Justicia antes de ostentar el máximo cargo orgánico de la carrera fiscal y Álvaro García Ortiz terminó inhabilitado por revelar datos privados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso), no parece descabellado presuponer que Peramato, miembro, como Delgado y García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales, actuará de forma análoga a ellos.
La fiscal general del Estado quiere conocer de primera mano los pormenores de todas las investigaciones relevantes del Ministerio Público en España. En plena cascada de casos de presunta corrupción vinculados al sanchismo, con el exministro Ábalos y Koldo siendo juzgados en el Tribunal Supremo; con Santos Cerdán, David Sánchez o Begoña Gómez esperando su turno; con el PSOE muy cerca de la imputación por financiación irregular... cabe preguntarse: ¿para qué?
El borrador enumera, entre otros "supuestos de obligación" de comunicar sus actuaciones a los superiores jerárquicos y al fiscal general, las investigaciones seguidas contra personas aforadas, jueces, magistrados y fiscales.
También las causas por delitos de extrema gravedad, como los castigados con prisión permanente revisable, el terrorismo, el genocidio o los delitos de lesa humanidad; los procedimientos relacionados con grandes catástrofes o daños ambientales graves; los asuntos con posibles repercusiones internacionales y los asuntos que ambiguamente se describen como "de especial impacto social o mediático".
Así, en estos casos los fiscales deben informar a los fiscales jefes territoriales, a los fiscales jefes de los órganos del Ministerio Fiscal y a la fiscal general del Estado y se recoge además el procedimiento para llevar a término dicha comunicación.
Estas comunicaciones se efectuarán respetando la estructura jerárquica, tanto territorial como de secciones especializadas, del Ministerio Fiscal, mediante una transmisión escalonada de la información.
Tras la presentación ante la Junta de Fiscales de Sala, el borrador se someterá igualmente al parecer de la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas y la Junta de Fiscales Jefes Provinciales. Posteriormente, tras el examen por parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado de todas las aportaciones realizadas, se remitirá un texto final a la Junta de Fiscales de Sala y, por último, al Consejo Fiscal.
Este lunes, en rueda de prensa, Peramato señaló que la Secretaría Técnica llevaba "muchísimo tiempo" trabajando en este borrador también con anteriores fiscales generales. "Lo que queremos es que cuando salga esa instrucción, en el momento que tenga que salir, vaya con el mayor consenso posible de todos los fiscales integrantes de la carrera", destacó.