Las declaraciones de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo han resultado demoledoras para la credibilidad del Gobierno y, en especial, para la honradez del presidente. Ha acusado a Pedro Sánchez de ser “el número 1 en el escalafón”, el cabecilla de la trama criminal que se enriqueció con la corrupción y por “saberlo todo”; como que ciertas constructoras pagaban la financiación ilegal del PSOE, incluso de la Internacional Socialista a través de “cupos” del petróleo venezolano. Ante la gravedad de las afirmaciones del empresario en el Alto Tribunal, el presidente del Gobierno está obligado a dar explicaciones, incluso a querellarse con el conocido comisionista. No puede callar y dejar que pase el tiempo como ha hecho desde que comenzó el juicio de las mascarillas. Si, como dijo en su día, las acusaciones de Aldama no son más que una “inventada”, Sánchez debería reaccionar. Porque las ocho horas de la declaración del empresario contra todo y contra todos son de una gravedad máxima.
El pacto del empresario con la Fiscalía para obtener beneficios penales debe atenerse a la verdad. No hay que desdeñar, pues, la credibilidad de su intervención en el tribunal Supremo, pues si todo fuera “una inventada” como insisten en propagar los medios afines a Moncloa, el comisionista perdería esa rebaja de la pena que es lo que busca. No en vano, mientras por los mismos hechos José Luis Ábalos y Koldo García se enfrentan a más de 20 años de cárcel, la Fiscalía sólo pide 7 años para el empresario, que se rebajarían un tercio si su declaración aportara pruebas determinantes para la causa. La Fiscalía, pues, parece confiar en la veracidad de su testimonio.
Es verdad que todavía faltan pruebas para demostrar la máxima responsabilidad de Pedro Sánchez como “capo” de la organización criminal. Pero, de algún modo, el juicio no ha hecho más que empezar y después de estas declaraciones tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional, que lleva la causa de la financiación ilegal del PSOE, tienen elementos suficientes para investigar a fondo, para demostrar, o no, que el máximo responsable de la gran corrupción del Gobierno, el “capo”, era el propio presidente.
Tampoco conviene tachar de “bulos” las declaraciones de Aldama en el tribunal Supremo, pues en buena parte coinciden con las de Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil que aseguró en la misma sala que la trama “tenía acceso” al presidente del Gobierno. Literalmente, declaró que según los informes en poder de la UCO, acceden a la trama “estamentos de alto nivel, entre otros, ministros como Reyes Maroto, presidentes autonómicos como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, incluso el presidente”. Podría acusarse a Aldama de “una inventada”, pero no así al mando de la UCO cuyas investigaciones siempre han resultado certeras y que no tiene interés alguno en acusar a los investigados.
De todos modos, las declaraciones de Víctor de Aldama han supuesto una conmoción en la vida política y un ataque directo a la honradez del presidente del Gobierno. Pues ya no se trata sólo de su responsabilidad política eligendo e in vigilando. Ahora está siendo acusado directamente de dirigir una organización criminal que se enriqueció con las comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia y que obtenía dinero negro de ciertas constructoras para financiar ilegalmente al PSOE. Como decíamos, Pedro Sánchez está obligado a dar la cara. Si se encerró en Moncloa 5 días para “reflexionar” por las primeras insinuaciones sobre las supuestas corruptelas de su mujer, ahora debería salir al paso inmediatamente y desmentir las gravísimas acusaciones de Aldama so pena de tener que sentarse en el banquillo de los acusados. El silencio le hace cómplice; por no decir, culpable.