El Parlamento Europeo ha vuelto a situar a España en el centro del debate sobre la calidad democrática y el Estado de derecho. Un informe elaborado por la Comisión de Libertades Civiles (LIBE), tras su misión a Madrid en febrero, advierte de un "creciente deterioro del clima institucional" de forma paralela a la degradación de la "independencia judicial", asuntos que están afectando a la confianza ciudadana en las instituciones y proyectando dudas sobre la fortaleza del sistema democrático.
El documento, aprobado en la Eurocámara, describe un país sometido a una intensa polarización política y a tensiones entre los poderes del Estado. Estas fricciones, según los eurodiputados, están erosionando progresivamente la percepción de imparcialidad, especialmente en ámbitos clave como la justicia, la lucha contra la corrupción y el funcionamiento de los medios públicos.
Uno de los aspectos más llamativos del informe es la crítica directa al Gobierno de Pedro Sánchez, que decidió no reunirse con la delegación europea durante su visita. Tampoco lo hicieron el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ni responsables de entidades públicas como RTVE o SEPI. Para los eurodiputados, esta ausencia "limitó la capacidad de la misión para obtener explicaciones directas" y supone un hecho "significativo" que rompe con la práctica habitual en otros países analizados.
El informe pone el foco en la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo modelo de elección sigue siendo objeto de críticas desde Bruselas. Las instituciones europeas recuerdan que llevan años recomendando que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos directamente por los jueces, algo que España aún no ha implementado. El sistema actual, en el que todos los vocales son designados por el Parlamento, alimenta —según el documento— una "percepción de politización" que mina la confianza pública.
A esta situación se suma el impacto del bloqueo en la renovación del CGPJ durante años, que dejó miles de asuntos pendientes en el Tribunal Supremo. Aunque la renovación ya se ha producido, el retraso sigue teniendo consecuencias en forma de sobrecarga judicial y lentitud en los procesos, lo que refuerza la sensación de ineficacia del sistema.
El informe también recoge las profundas divisiones dentro de la propia judicatura. Asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales denuncian "nombramientos politizados" y critican algunas reformas impulsadas por el Ejecutivo, como los cambios en el acceso a la carrera judicial. Consideran que estas medidas pueden debilitar los criterios de mérito y aumentar la influencia política.
Otro de los puntos críticos señalados por la misión europea es el uso intensivo del decreto-ley por parte del Gobierno. Desde 2018 se han aprobado más de 120 decretos de este tipo, una cifra récord en periodos democráticos comparables. Aunque este instrumento está previsto para situaciones de urgencia, los eurodiputados advierten de que su utilización recurrente puede limitar el debate parlamentario y debilitar los mecanismos de control institucional.
La preocupación no se limita al ámbito judicial. El informe alerta también del deterioro en los indicadores de percepción de la corrupción. Según Transparencia Internacional, España ha alcanzado su peor nivel desde 2012, mientras que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sigue señalando la falta de avances en recomendaciones clave, como la regulación de los grupos de presión, los conflictos de interés o la rendición de cuentas de altos cargos.
Además, los retrasos en grandes casos judiciales de corrupción —que pueden prolongarse durante años— contribuyen a una percepción de impunidad que debilita la confianza en el sistema. Aunque el Gobierno ha presentado iniciativas legislativas para reforzar la integridad pública, los eurodiputados consideran que los avances son todavía insuficientes.
El documento dedica también un apartado específico a los medios de comunicación públicos, en particular a RTVE. Los eurodiputados recogen preocupaciones sobre su independencia editorial, señalando que el actual modelo de gobernanza, con una presidencia de designación política, concentra demasiado poder. Un informe interno del Consejo de Informativos denuncia además incumplimientos reiterados de los estándares de imparcialidad en algunos programas.
A ello se suman dificultades en el acceso a la información pública y un contexto de creciente presión sobre periodistas, factores que, según el Parlamento Europeo, pueden afectar al pluralismo y a la calidad democrática.
El informe advierte de que la acumulación de tensiones, prácticas controvertidas y falta de consenso institucional está generando una erosión progresiva que no debe subestimarse. En este sentido, los eurodiputados insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de equilibrio entre poderes, garantizar la independencia judicial, mejorar la transparencia y fomentar un clima político menos polarizado. "Restablecer un marco de gobernanza estable, despolitizado y ampliamente aceptado será esencial para salvaguardar la credibilidad del sistema", concluye el documento.
El informe llega en un momento de alta tensión política en España y añade presión al Gobierno, que ya ha defendido en otras ocasiones la solidez democrática del país. No obstante, el diagnóstico de Bruselas apunta a un desafío de fondo: más allá de las normas, la confianza en las instituciones depende también de su funcionamiento efectivo y de la percepción ciudadana.
Así, la advertencia del Parlamento Europeo no se limita a un análisis técnico, sino que lanza un mensaje político claro: el principal riesgo para el Estado de derecho en España no es una ruptura abrupta, sino un desgaste gradual que, de no corregirse, puede acabar debilitando los pilares del sistema democrático.