El Gobierno sanchista soporta una deuda de 2.310 millones de euros, derivada de los incumplimientos de su presidente en el asunto de las renovables. La Unión Europea ha decidido embargar 840 millones por impagos.
Tanto los Países Bajos como otras naciones europeas que se consideran acreedoras han llegado a embargar el edificio del Instituto Cervantes en Utrecht. Londres ha avisado que Madrid debe abonar sus deudas si quiere evitar nuevos embargos. Australia, fuera del ámbito europeo, se ha manifestado de la misma forma. Y Washington ha sido rotundo: si España no paga 688 millones de euros que adeuda, podría encontrarse con una desagradable sorpresa en el próximo mundial de fútbol.
Pedro Sánchez, impertérrito, paga las jubilaciones con fondos que la Unión Europea destinaba a otros fines. La deuda de la Seguridad Social española ha superado ya, según testimonios fiables, los 136.186 millones. El Gobierno sanchista ha decidido pagar el agujero con fondos de la Unión Europea. La reacción de Bruselas ha producido conmoción general y ha abochornado al sector serio y responsable del Gobierno. Carlos Cuesta subraya que todo el desbarajuste de la alta economía española con relación a Europa puede resumirse en la cifra hecha pública en agosto de 2025: el agujero superaba los 598.000 millones. No quiero entrar en las cifras, muchas veces inexactas y difíciles en todo caso de contrastar. Está claro, sin embargo, que España debe poner en orden sus cuentas si no quiere continuar siendo la vergüenza de la Unión Europea. Pedro Sánchez no puede continuar, por ejemplo, con la farsa de pagar las pensiones con fondos de Europa, cuando año tras año el agujero de esa partida se mantiene en el entorno de alarmantes números.
No estaría de más provocar una nueva sesión parlamentaria con el fin de que el Gobierno rindiera cuentas al Congreso de los Diputados de la situación real, así como de la vidriosa relación que se ha creado con el Gobierno de la Unión Europea, que tanto afecta al deterioro de la imagen internacional de España.