Las cifras aturden. De los 700.000 empleados públicos en 1978, España ha pasado a una cifra por encima de los 3.500.000. En los siete últimos años, la Administración General del Estado ha superado el 37 por ciento de empleados más.
Y se acaba de anunciar una nueva oferta de empleo público: 37.017 plazas. La fórmula sanchista queda descarnadamente al descubierto. El paro se enmascara engrosando el empleo público. El resultado de la operación sangra a los contribuyentes hasta la hemorragia. No solo tienen que pagar los salarios, la seguridad social y las prebendas vacacionales de los nuevos empleados, sino que, siendo la mayoría innecesarios, añaden a la cadena burocrática nuevas trabas y papeleo. Ciudadanas y ciudadanos, de forma especial en algunos sectores como la agricultura, se sienten agobiados y consideran que padecemos ya una auténtica dictadura burocrática.
La oquedad de la economía española se acentúa. La fórmula menos Estado y más sociedad que caracteriza el pensamiento liberal, robusteciendo la democracia, ha explosionado en España. Los partidos políticos, salvo excepciones, se afanan en satisfacer a parientes, amiguetes y paniaguados. Y están consolidando un sistema que más pronto o más tarde hará saltar las costuras constitucionales de la democracia española.
Tanto los expertos internacionales como los nacionales subrayan, y lo vienen haciendo desde hace varios años, el riesgo que zarandea el desarrollo español. En lugar de austeridad y contención del gasto público, se continúa en la senda del despilfarro, el derroche, la insensatez y los despropósitos. El empleo público, en fin, ha crecido el doble que el privado durante la gestión de Pedro Sánchez.