ERC y Comuns, socios de investidura de Salvador Illa, así como la CUP, han pedido el cese del director de la Policía de la Generalidad, Josep Lluís Trapero, por la infiltración policial en una asamblea de docentes, que el Govern justifica alegando que los Mossos tienen la "obligación" de valorar "amenazas" en conflictos laborales.
Cuando todavía colea la polémica por la prueba piloto para introducir a agentes de paisano en algunas escuelas conflictivas de Cataluña, los sindicatos Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT e Intersindical, organizadores del ciclo de huelgas educativas que está en marcha en Cataluña, han denunciado una "infiltración policial" de dos mujeres del cuerpo policial en una asamblea de docentes celebrada el pasado miércoles en un instituto de Barcelona.
ERC y Comuns, socios de investidura del Govern, así como la CUP y los sindicatos de la enseñanza partidarios de la huelga, han salido hoy en tromba para pedir explicaciones al ejecutivo y el cese del director de la policía, Josep Lluís Trapero, a quien Illa encargó la dirección política de los Mossos, tras haber ejercido en dos ocasiones como jefe operativo.
El Govern ha cerrado filas con la policía catalana y con Trapero: Illa se ha escudado en que no tenía "conocimiento" de esta infiltración, ha insistido en su "confianza y mucho respeto por la profesionalidad de los Mossos", mientras que la consellera de Interior, Núria Parlon, ha reiterado su confianza y la del ejecutivo catalán en el director de la policía.
Precisamente, la dirección general de la Policía, el órgano político encabezado por Trapero, ha alegado que la infiltración de mossos en una asamblea de docentes no es una "decisión discrecional" sino una "obligación normativa" para valorar "amenazas y riesgos" en conflictos laborales y sociales.
Fuentes de la dirección general de la Policía han detallado, ante las críticas por esta actuación, que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo "referida a la conflictividad laboral y social".
El objetivo explícito de estas funciones, según las fuentes, es poder llevar a cabo una "valoración de amenazas y riesgos". Además, en varios mensajes en X, los Mossos han insistido en que "respetan y defienden" el derecho de reunión, de huelga y la libertad sindical, como también el resto de derechos individuales y colectivos.
Por el contrario, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha tachado este episodio de "inadmisible e intolerable", porque supone un intento de "coartar la acción sindical" en pleno conflicto educativo, por lo que se trata a su juicio de "un hecho de extrema gravedad" que "en un país democrático no tiene cabida".
Aunque no ha querido vincular explícitamente su petición de cese de Trapero con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos, Albert sí ha advertido de que "es evidente que hay que tomar decisiones" con la "máxima contundencia", porque en esta ocasión "no servirán las medias tintas".
Los Comuns, a través de sus diputados Andrés García Berrio y David Cid, también han pedido el cese de Trapero, ya que consideran que el Govern "debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales".
Los sindicatos educativos convocantes del nuevo ciclo de huelgas han pedido también responsabilidades al Govern e incluso ceses, si fuera necesario, por lo que consideran como una "deriva autoritaria" del ejecutivo por la infiltración de mossos.
También ha cargado contra esta infiltración en una asamblea de docentes el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado en agosto de 2024 por el Govern de Illa, ya que considera no se planificó "correctamente" y además no es una "buena opción" porque puede "erosionar" la confianza con la ciudadanía.