La Mesa del Congreso ha vuelto este miércoles a paralizar la tramitación de la proposición de ley que busca reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo. Con esta decisión, apoyada por PSOE y Sumar, ya son 71 las ocasiones en las que la iniciativa impulsada por el Partido Popular queda bloqueada en la Cámara Baja.
Para más inri, el nuevo aplazamiento se produce apenas cinco días después de la muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva durante una persecución a una narcolancha. El capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González fallecieron cuando dos patrulleras del Servicio Marítimo colisionaron entre sí durante una operación contra el narcotráfico entre Punta Umbría y Mazagón.
La proposición de ley fue aprobada por el Senado en junio de 2024, pero desde entonces permanece estancada en el Congreso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. El objetivo de esta estrategia parlamentaria, según denuncia el PP, es evitar que la norma llegue a debatirse y votarse en comisión y posteriormente en el Pleno.
El bloqueo parlamentario coincide con una creciente tensión política por la gestión del Gobierno tras la muerte de los agentes. La ausencia de ministros -con Fernando Grande-Marlaska a la cabeza- y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral celebrado por los guardias civiles fallecidos provocó malestar entre miembros del cuerpo y asociaciones profesionales.
La situación se agravó tras las declaraciones de la vicepresidenta primera y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quien durante un debate electoral calificó lo ocurrido como un "accidente laboral".
"Mis condolencias para las familias de Jerónimo y Germán. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad", afirmó Montero en Canal Sur, una expresión que repitió en varias ocasiones y que fue duramente criticada por sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, acusó a la dirigente socialista de "frivolizar con el dolor de las familias", mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó sus palabras de "inhumanas".
Ante la polémica, Montero rectificó parcialmente al día siguiente mediante un mensaje en la red social X, donde habló ya de "muerte en acto de servicio", aunque sin pedir disculpas expresamente.
También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de zanjar la controversia durante un acto en la Academia de Guardias Civiles de Baeza, donde aseguró que "está claro que es una muerte en acto de servicio". Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con abucheos por parte de algunos asistentes.
La consideración de profesión de riesgo implicaría cambios laborales y económicos relevantes para policías y guardias civiles, que parecen no gustar al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos destaca la posibilidad de acceder a coeficientes reductores para la jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, como ya ocurre en otros sectores considerados especialmente peligrosos.
Las asociaciones profesionales sostienen que los agentes afrontan de manera de forma creciente situaciones de alto riesgo: persecuciones a gran velocidad, operaciones contra redes de narcotráfico armadas, amenazas vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, además de elevados niveles de estrés y presión psicológica. Hoy mismo, en Figueres se han incautado 12 rifles de asalto autonámticos AK-74, algo impensable hace unos pocos años en España.