El PSOE sanchista, aunque permanece contrito y desconcertado, ha reaccionado de forma políticamente eficaz al tremendo golpe de reputación e imagen que significa la imputación del que fue presidente socialista del Gobierno y que despliega ahora su actividad en estrecha colaboración con Pedro Sánchez.
Según se desprende de informaciones contrastadas y de lo que ha ocurrido en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha decidido cerrar filas junto a José Luis Rodríguez Zapatero y atenerse, por supuesto, a lo que finalmente decida la Justicia. Eso le permite al presidente del Gobierno ganar al menos unos meses antes de enfrentarse, si es que se confirmara lo que el texto del auto judicial apunta, a una situación límite.
Pedro Sánchez no es que se sienta acorralado. Está acorralado. Ha resistido siete años, pero casi todo se ha vuelto contra él. Ha perdido la mayoría parlamentaria porque así lo ha anunciado Junts. Lleva tres años largos sin que el Congreso de los Diputados apruebe los Presupuestos Generales del Estado. La Justicia española ha procesado a sus dos secretarios generales, uno de ellos destacado ministro. El Partido Popular le aplasta en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y se ha producido ahora la imputación del político histórico más cercano a la Moncloa sanchista. Una buena parte de los pesos pesados del socialismo histórico, entre ellos Felipe González y Alfonso Guerra, se manifiestan abiertamente contra la política de Pedro Sánchez, y la actitud de Emiliano García-Page, el más destacado líder autonómico del PSOE, resulta inequívoca.
Pedro Sánchez, sin embargo, resiste, aunque el deber democrático le exija convocar elecciones generales. Resiste, entre otras razones, porque está preparando un censo con el que pretende burlar al Partido Popular y salir vencedor de las elecciones generales el año que viene.