Las comunidades gobernadas por el PP han votado a favor del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha presentado la ministra Isabel Rodríguez en la Conferencia Sectorial del ramo, y que ha sido aprobado este jueves con el aval unánime de las autonomías.
Sin embargo, la adhesión no se ha producido sin críticas. De forma previa a la Conferencia y en declaraciones a los periodistas en representación de todos los consejeros de vivienda de los gobiernos autonómicos del PP, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha afirmado que el plan "se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas", que lo han conocido a través del Boletín Oficial del Estado.
Rodrigo ha defendido que el plan se debería haber debatido y sobre todo aprobado "con total transparencia" en una Conferencia Sectorial de Vivienda y no, como a su juicio se ha hecho, haber impuesto por parte del Ministerio de Vivienda "su agenda ideológica y sus políticas nefastas de vivienda".
Además, el consejero madrileño ha manifestado que este nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030 "llega tarde y mal".
Y ello, ha detallado, porque para cuando pueda empezar a ejecutarse se habrá "perdido" este año 2026 y tras la reunión de este jueves tendrá que pasar otra vez por el Consejo de Ministros, luego por una nueva sectorial y después se tendrán que firmar convenios bilaterales con las comunidades autónomas.
Rodrigo ha denunciado asimismo "el poco talante democrático que tiene este Ministerio y la ministra de Vivienda", porque pretende imponer, ha subrayado, la protección permanente de la vivienda pública, algo que ya se había declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional ante los recursos por ejemplo de Andalucía y Madrid.
"Se nos dio la razón diciendo que esto era una invasión de competencias y sin embargo ahora la ministra lo intenta hacer por la puerta de atrás a través de la aprobación de este Real Decreto", ha declarado el consejero madrileño.
La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha criticado que el plan del Ministerio "multiplica por seis la inversión de Andalucía y, sin embargo, multiplica por dos la inversión del Gobierno de España" y ha anunciado que su gabinete jurídico "está revisando absolutamente todo el contenido del Plan Estatal" y se reserva acudir hasta el Supremo.
El conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, ha explicado que su voto favorable al reparto de los fondos es "por responsabilidad, porque los ciudadanos de Baleares no pueden esperar más", y ha destacado que, "al menos", en este plan estatal "por primera vez se reconoce que estamos ante un problema de oferta", aunque "han tenido que transcurrir siete años para que se dieran cuenta".
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reprochado al Ministerio que a las comunidades se les haya tratado en la elaboración del plan "como a cualquier otro agente del ámbito inmobiliario".
El Plan Estatal de Vivienda aprobado este jueves moviliza 7.000 millones de euros destinados al parque público. Recoge que el 60% de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40% lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.
Del total de fondos, un 40% irán destinados a la construcción, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a las ayudas.
Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella. También una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar casos como lo ocurrido en Alicante y que deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control para dar transparencia al mercado.