Durante la Transición, el PS, fuera por convicción o por estrategia política, defendió el Estado Social de Derecho. A partir de 2004 se ha encargado de derribarlo, aunque primero lo está transformado en un Ente delincuencial –“institucionalizando el crimen como principal método para controlar la sociedad” (A. Maestre)--, tomando como modelo los países comunistas dominados por los narcos. Una decisión que acepta una parte destacable de la sociedad con ideales que no van más allá de lo lúdico y de querer vivir sin trabajar, muy complacidos con ser monodependientes del poder. La estrategia del Gobierno consiste en deslegitimar el Estado Social, que se justifica para garantizar la justicia material, reduciendo drásticamente la seguridad jurídica.
El Gobierno colectivista lleva a cabo su fin de forma contradictoria. Por un lado, quiere implantar un totalitarismo aprovechándose de que el Estado asume una amplia función social (art. 128 CE). Por otro, se propone destruir el Estado como una misión globalista sorosniana, por lo que ha emprendido el camino para hacerlo desaparecer. Al politizar lo social y tratar de satisfacer unas cuantas prestaciones sociales, logra aumentar la servidumbre, ya que un alto número de individuos se entregan al Gobierno sin preocuparse de defender sus derechos fundamentales. Contrariamente a lo que se supone, el ciudadano tampoco está amparado por la Constitución, porque son insuficientes las normas protectoras, y tal como está configurado el sistema político podrá limitar la actividad del Gobierno a través de sus órganos institucionales. Además, los continuos cambios legislativos que el Gobierno dicta según sus intereses, disminuye la potencia social, debilitando aún más los contrapoderes sociales. A decir verdad, el consensus populi ha desaparecido, siendo el soberano efectivo el Gobierno, una vez convertido el poder del pueblo en una ficción.
La socialdemocracia ha defendido que la propiedad debe tener una función social, obligando al propietario a ponerla a disposición de la sociedad. El Gobierno actual está utilizando la función social como un derecho del Estado: quitar a uno para otorgárselo a otro. Lo que supone que al disminuir las garantías procedimentales termina con la justicia del procedimiento. Esta función será aprovechada por el Gobierno progresista para introducir la política en todos sus ámbitos, y al establecer la solidaridad ideológica justifica la vía a la expropiación y a la distribución. Esta es la principal causa de que esté suspendida la soberanía impositiva del Pueblo. La propiedad, como derecho fundamental (art. 33 CE), requiere una especial protección, pero el Gobierno al tener como objetivo que sólo haya propiedad pública, ha convertido la propiedad privada en un derecho de posesión limitada, --se excluye a los privilegiados colectivistas, a los que se les permite tener propiedad adquirida o facilitada con el dinero de los impuestos. En la práctica, con la función social gestionada por el Gobierno, los grandes beneficiados son la oligarquía plutocrática y la enorme legión de parásitos. En esta relación de expropiación y adjudicación no solo deja desamparado al individuo, sino que es la fuente de mayor corrupción en la colectividad propiciada por el gobernante. De esta manera, la propiedad, que debería poner unos límites al arbitrario ejercicio del poder, al socializarla, le servirá para aumentar mucho más la puissance de la oligarquía partidocrática y crear muchas más situaciones de injusticia.
Al transgredir la propiedad, también se viola la regla in dubio pro libertate del individuo, haciéndo del Estado un titular de derechos y no de competencias (G. Jellinek). Lo que supone que en tanto mayor sean los derechos del Estado (del Gobierno) menos serán los de los ciudadanos. Por eso, el Estado, a través de su órgano principal, el Gobierno, deja de garantizar la libertad del individuo, para garantizarse los derechos que se da a sí mismo. Parafraseando a L. Duguit, el Poder público tiene como fin realizar el Derecho que él mismo determina, por lo que siempre coincidirán la legalidad y la legitimidad de la acción política del Ejecutivo. Así la actividad del Estado no está limitada por un Derecho que él mismo crea, ya que no hay una regla de Derecho que esté por encima del Poder público.
El Gobierno cuenta con el decisivo apoyo del Tribunal Constitucional. Un Tribunal político que en ciertos momentos parece estar en un proceso constituyente, por tener que adaptarse a los mandatos del Ejecutivo prescindiendo de la realidad constitucional. El Tribunal bien podría ser la expresión orgánica de una constitución cotidiana, formulada y reescrita cuando se hace visible en el día a día, ya que su función es crear situaciones a tenor de los mandatos del Gobierno. El TC genera el derecho al “destruir una norma general, oficiando de legislador negativo (H. Kelsen) y posibilitando la creación de otras normas a partir de esta decisión. De modo que, en la práctica, el TC se articula como una Institución del Gobierno y no del Estado, aunque formalmente pase por ser el defensor de la Constitución. Más exactamente. Si la función del legislador es determinar las normas constitucionales, el TC opera como un defensor del Gobierno, no de la Constitución, ya que será el que, en última instancia, concrete las normas según la voluntad del Ejecutivo colectivista. Paralelamente, el Ejecutivo ha asumido la competencia legislativa, “desapareciendo la estricta separación entre la competencia para establecer normas y la competencia de ejecución “ (E. Forsthosff, pag. 89), eliminando un principal rasgo del Estado de Derecho.