Según el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez, durante sus inauditas vacaciones de 5 días para reflexionar tras ser acusada su mujer por el juez Peinado, decidió que había que salvarla como fuera; a cualquier precio. Su decisión fue tomada al estilo de un dictador. Siempre supuestamente, no se le ocurrió nada mejor que montar una trama mafiosa, al estilo de Nicolás Maduro o Stalin, para extorsionar, amenazar y desacreditar a los jueces, fiscales y agentes de la UCO que osaran acusar a Begoña Gómez. A ella, a su hermano o a sus muchos ministros y afines embadurnados de corrupción. Según el magistrado “para desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directamente o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".
Y dicho y hecho. En unos pocos días, Cerdán puso manos a la obra, contrató a Leire Díaz, una fontanera sin escrúpulos disfrazada de periodista para recabar las pruebas de los atracos y tapar las fugas de la información comprometida con amenazas y con el reparto de los fajos (o chistorras) escondidos en Ferraz. Siempre según el juez, Ferraz llegó a pagar más de 188.000 euros a las cloacas con facturas falsas. Así empezaron a comprar sicarios y gentes del hampa socialista para amedrentar a los que conocían e instruían las muchas fechorías. Y así crearon una organización semejante a las consideradas criminales con tintes mafiosos.
El auto del juez Pedraz recoge los pagos que se realizaron en favor de la trama para desestabilizar las investigaciones que afectan a Pedro Sánchez. Puso en marcha la operación, su entonces mano derecha, Santos Cerdán, con el propósito de atacar a los jueces, fiscales y guardias civiles que acusaban al Gobierno. Y llegaron a ofrecer ingentes cantidades de dinero a los agentes que investigaban los casos.
Y, por todo ello, este miércoles la UCO de la Guardia Civil ha registrado la sede del PSOE en la calle Ferraz para investigar la presunta trama de financiación ilegal. También los agentes han registrado los domicilios y despachos de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset. La investigación busca demostrar los supuestos pagos y maniobras destinadas a obstaculizar procesos judiciales que podrían incriminar al partido. De momento, el magistrado ha imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, además de a Cerdán y Zarrías por posibles delitos relacionados con organización criminal, cohecho, falsedad documental y financiación irregular. También se investiga a Leire Díez, considerada una figura clave de la supuesta red de las cloacas socialistas.
Y este es el escenario a día de hoy. Mientras Ábalos y Koldo sigue en la cárcel y Cerdán a las puertas. Su hermano se sienta este mismo jueves en el banquillo de los acusados, en pocos días, su mujer y en plena vorágine por la caída del pedestal de Zapatero, el otrora admirado gurú progresista, hoy rodeado de valiosísimas joyas, lingotes de oro, barriles de petróleo manchados de sangre y pringado por corruptelas sin fin. Mientras tanto, Pedro Sánchez, acusado directamente por primera vez por urdir la trama, se pasea por Roma cual turista de vacaciones, visita al Papa con cara de beato y asegura que lo ocurrido, incluido el registro de la sede del PSOE, es una nimiedad al lado de los éxitos de su Gobierno. Naturalmente, no hizo falta que reiterara que la legislatura culminará en 2027 y, como suele decir, incluso más allá. Ocurre, sin embargo, que el presidente está también a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por ser, en opinión del magistrado, el cerebro de la trama mafiosa. Y, según el auto, no hay que descartar que, antes, pueda ser condenado y, por tanto, se vería obligado a abandonar La Moncloa por la puerta de atrás.