La Audiencia de Badajoz abre este jueves el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en el que once personas, entre ellas el hermano del presidente del Gobierno y el extitular de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallado, se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
David Sánchez ha accedido por la puerta trasera para asistir a las cuestiones previas que las partes -los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares- tienen previsto elevar al tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.
La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva".
"La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.
En su intervención, ha subrayado "la inspiración de signo político" de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía "el abultado patrimonio" de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa.
Se trata de un argumento similar al que ha utilizado el presidente del Gobierno, que también ha deslizado el argumento de "politización de la Justicia" en varias ocasiones. Este mismo jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se hacía eco de este mismo razonamiento.
Las acusaciones, ha argumentado el letrado, unen el objeto de este juicio con "la trama de Aldama", en cuyo proceso, "curiosamente, no aparece David Sánchez".
"Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. "No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.
Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de "una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial.
Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.
Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos -la UCO analizó varios miles de mensajes-, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen "hallazgos casuales" que tampoco sustentan indicio alguno.
El hecho de que la Audiencia haya destinado dos días a esta cuestión revela que serán muchas las cuestiones que se eleven relacionadas con posibles vulneraciones de derechos fundamentales, consideraciones al contenido de las pruebas y la finalidad de las mismas, propuestas de más pruebas, posible falta de competencia y hasta peticiones de nulidad de determinadas actuaciones.
Las acusaciones particulares en el juicio a David Sánchez han expresado su rechazo a las cuestiones previas planteadas por las defensas, como la nulidad parcial del auto de apertura del mismo y la falta de tutela judicial, al entender que suponen "un auténtico dislate", pues estas ya fueron rechazadas tanto por la jueza instructora como por la Audiencia de Badajoz.
Tras la intervención de los letrados de los once investigados, que han planteado otras cuestiones, como la prescripción de delitos para algunos de ellos y una instrucción "prospectiva" que partió de un delito fiscal y que ha derivado en prevaricación, los letrados de las siete acusaciones populares (HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox) han expuesto este jueves sus opiniones a las mismas.