Por motivos editoriales he leído un interesante trabajo sobre la propaganda y la desinformación que pronto saldrá al mercado. Cuando se dice que las democracias se sustentan en "estados de opinión pública", afirmación con la que se puede estar de acuerdo o no, se afirma implícitamente que la adecuada información de la que disponga la sociedad es decisoria para la salud democrática. Por ello, uno de los síntomas de la erosión de las democracias liberales son las continuas campañas de desinformación y propaganda interesada, no sólo incubadas desde el exterior sino también dentro del propio país.
Sin embargo, la manipulación de la opinión pública, la tergiversación, el sesgo informativo están al orden del día y es un tema muy preocupante. Sobre todo cuando estas maniobras se emplean desde los poderes públicos que, además, lo hacen con el dinero de los contribuyentes para exclusivo interés partidista. Podríamos hablar desde este punto de vista de una democracia "teledirigida" porque los estados de opinión pública mencionados son inducidos mediáticamente intoxicando y restringiendo la libertad de opinión al no poder contar con información del todo veraz.
En el terreno internacional las llamadas amenazas híbridas incluyen esta "guerra cognitiva" que alcanza niveles de sofisticación insospechados. Por supuesto, todo ello regado con abundantes fondos y medios para dirigir la opinión colectiva hacia donde más interese. No voy a citar porque son de sobra conocidos y numerosos los casos de injerencias foráneas en procesos internos de las naciones así como las campañas de "agitprop" (el departamento soviético de agitación y propaganda) tanto externas como internas. No es nada novedoso, lo que sí lo es consiste en que dado en altísimo nivel de potencial de las nuevas tecnologías su eficacia se ha multiplicado exponencialmente.
Pero estas amenazas híbridas o guerra cognitiva, como decía, se ha trasladado progresivamente al interior de los propios países y, con cobertura legal, se utiliza para manipular a la sociedad civil -desde los medios de comunicación estatales o los subvencionados que han perdido su independencia-. Estos dinamismos, propios de dictaduras o regímenes totalitarios, son empleados con fruición en algunos países libres con la consiguiente degradación de los sistemas democráticos y pérdida de libertad del ciudadano. El interés por acaparar medios de comunicación proclives a las opiniones oficiales es un síntoma muy preocupante y únicamente mentes acríticas o sectarias pueden negarlo o justificarlo, como ocurre más de lo deseable.
Con la eficacia de herramientas tecnológicas actuales, entre ellas las redes sociales de las que vemos el efecto devastador en menores y aún en adultos por el aislamiento al que pueden conducir, el futuro de opiniones públicas libres se nubla y oscurece poderosamente. Parece que nos dirigiremos hacia un futuro distópico en que los grandes poderes políticos, económicos o tecnológicos pudieran conformar el reducto íntimo del ser humano, su "forma mentis". Esto ya se había intentado anteriormente con los sistemas educativos, sobre todo cuando se imponen ideológicamente sin consenso ni acuerdo social con los actores del mundo educativo, pero actualmente se pueden alcanzar niveles de control mental y de las conciencias más profundos y extensos -lo que ciertamente es muy inquietante-.
El diagnóstico es nítido, lo que hace falta es buscar soluciones y respuestas hasta donde las haya. Lógicamente estas serán múltiples por tantos que están involucrados y dependerá de que cada uno, desde la responsabilidad social que le incumbe, pueda y sepa estar a la altura de su contribución al bien común y no al interés particular: corporaciones tecnológicas, gobiernos, ciudadanía, medios de comunicación, etc. Mantener una sociedad civil fuerte y con capacidad crítica es fundamental para la salud democrática y la higiene mental de los individuos. Respetar este principio, renunciando a las ambiciones de dominio, de poder y de control ideológico por parte de aquellos que lo pretendieran ostentar sería decisivo y como es natural habría que implementar los frenos y barreras legales para que esto no ocurra.
En el pasado hemos comprobado los efectos devastadores del adoctrinamiento de masas con el nazismo, el comunismo, el fascismo y otras ideologías totalitarias. Lo que se presenta ahora como reto es mucho más sutil pero puede que incluso más eficaz aún. La capacidad de moldear las actitudes, mentalidades, opiniones políticas y demás es muy peligrosa como instrumento de sometimiento de la población. De hecho, cualquier ciudadano perspicaz ya lo habrá advertido aquende y allende de nuestras fronteras.
El gran problema es que supone un factor de altísimo riesgo para la pervivencia de sociedades libres y no subyugadas, aunque sea de manera imperceptible y difícilmente detectable, y sobre todo un elemento de deshumanización potentísimo. De ahí nuestra responsabilidad última como miembros de la sociedad civil de hacerle frente en la medida de nuestras posibilidades. Como afirmaba el filósofo Julián Marías nuestra obligación es asumir "por mí, que no quede".