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El juez sitúa a Zapatero en una red de pagos vinculada al entorno empresarial chino

(Foto: EFE/Juan Herrero.).

AUDIENCIA NACIONAL

E.I. | Sábado 30 de mayo de 2026
La UDEF analiza transferencias procedentes de consultoras, fondos de inversión, think tanks y sociedades vinculadas al país asiático.

La investigación judicial del denominado caso Plus Ultra continúa incorporando nuevos elementos sobre la actividad profesional y las relaciones empresariales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según diversas informaciones publicadas a partir de documentación incluida en el sumario, los investigadores analizan transferencias económicas recibidas entre 2020 y 2025 procedentes de consultoras, fondos de inversión, think tanks y sociedades vinculadas al ecosistema empresarial chino, así como otras operaciones relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

De acuerdo con la información adelantada por El Mundo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recoge pagos efectuados por distintas entidades con intereses en España y China. Entre ellas figura ChinaLink Asia Holdings, fondo de inversión vinculado a proyectos tecnológicos y energéticos, cuyos pagos al expresidente ascenderían a más de 159.000 euros. La documentación analizada relaciona estas transferencias con actividades declaradas de asesoramiento estratégico, mediación internacional, conferencias y análisis geopolítico.

La investigación sitúa también en el foco a empresarios con presencia en China, entre ellos Javier Romero, presidente de ChinaLink, vinculado a inversiones en energías renovables y al desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno verde en Andalucía. Asimismo, aparecen otras sociedades como Mimo Advisors, Gate Center, Thinking Heads y varias empresas radicadas en Asia cuyas transferencias están siendo examinadas por los investigadores.

Paralelamente, The Objective informa de que la UDEF investiga conversaciones de WhatsApp intervenidas entre el empresario venezolano Danilo Díazgranados y el abogado Miguel Palomero. Según esta información, los mensajes reflejarían presuntas gestiones realizadas para favorecer intereses de personas vinculadas a la trama investigada, incluyendo supuestos contactos con altos responsables policiales. Los investigadores analizan, entre otros extremos, un posible pago de 7.000 euros relacionado con actuaciones atribuidas al entonces comisario de Barajas Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de Policía en Canarias.

Las pesquisas también examinan el papel desempeñado por diversos empresarios próximos al expresidente. Según publica El Español, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha incorporado al sumario una operación inmobiliaria realizada en 2011 mediante la cual Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito” y considerado por la Policía como presunto testaferro de Zapatero, adquirió una vivienda propiedad del expresidente y de su esposa en Vera (Almería). La investigación también señala que algunas sociedades vinculadas a Martínez habrían utilizado posteriormente ese inmueble como domicilio social.

Por otra parte, El Debate informa de que la caja fuerte donde se encontraron las joyas de Zapatero estaba en el despacho del jefe de gabinete de la oficina y que los investigadores estudian igualmente el uso de recursos públicos destinados al mantenimiento de la estructura de apoyo del expresidente. Según esta información, el juez investiga si parte de esos medios pudieron emplearse en actividades ajenas a las funciones institucionales previstas para los expresidentes.

Las distintas líneas de investigación confluyen en la causa que instruye la Audiencia Nacional en torno al rescate de Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 por importe de 53 millones de euros. El juez instructor analiza si existió una estructura organizada destinada a influir en decisiones administrativas y empresariales para obtener beneficios económicos.

La declaración del expresidente como investigado, inicialmente prevista para comienzos de junio, ha sido aplazada a mediados de mes para permitir a su defensa estudiar el amplio volumen de documentación incorporada al procedimiento. Mientras tanto, la causa continúa abierta y las diligencias siguen desarrollándose bajo supervisión judicial.

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