Fumando espero

Desde que entró en vigor la ley antitabaco en España, en enero de 2006, la venta de tabaco no ha hecho más que aumentar. Es más, según datos manejados por el comisionado para el Mercado de Tabacos, ese año se rompió una tendencia decreciente que se mantenía desde 2004. La acertada iniciativa de la ministra Elena Salgado se apoyaba en sólidos y conocidos argumentos: el tabaco es perjudicial para la salud y al Estado corresponde velar por el bienestar de los ciudadanos. Estudios científicos independientes de la OMS y los datos de enfermedades provocadas por el tabaquismo refrendaban el espíritu de la ley antitabaco. Pero, además de la salud, había también un motivo económico detrás. En efecto, la sanidad pública debe hacer frente cada año a un enorme gasto derivado del tratamiento de patologías derivadas del consumo de tabaco. Reducirlo sería bueno no sólo para la salud de las personas, sino también para la del erario público y, por ende, de la sanidad pública española.

Pero claro, para que una ley se aplique, hace falta voluntad política. Sobre todo, en el caso de España, donde las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas prácticamente en su totalidad. Así, regiones como Madrid presentaron un recurso contra la ley; Castilla–La Mancha se convirtió en el lugar donde más se incrementaba el número de fumadores en España y, por su parte, La Rioja suavizaba considerablemente los postulados de la ley. Es conocido el celo de ciertas autonomías a la hora de inspeccionar y sancionar, sobre todo en temas tan sensibles como la lengua. Pero ese mismo celo es difícil encontrarlo a la hora de sancionar a locales que incumplen la ley antitabaco. Por cierto, esa misma ley se aplica en países como Francia, Italia, Alemania o Irlanda sin tantas consideraciones como aquí; directamente, se prohíbe fumar en lugares públicos. Sin más. Por no hablar del precio del tabaco, mucho más caro en el resto de Europa que en España. Datos todos a considerar si lo que se pretende es avanzar en pro de la salud pública, o seguir pagando el peaje a bares y restaurantes con la complicidad de muchos, incluidos muchos diputados de ambos partidos.