La destitución del ministro Lakhrif provoca inquietud en Marruecos

Ni Mohamed V, ni su hijo Hassan II, ni el heredero Mohamed VI, han dado jamás justificaciones a sus actos soberanos de poner y quitar ministros, consejeros o altos funcionarios. Es la primera vez que la agencia oficial MAP, siguiendo órdenes de Palacio, indica explícitamente que el motivo de la destitución es “el otorgamiento por las Autoridades españolas de la nacionalidad de este país a varios altos responsables marroquíes”, entre ellos el citado Lakhrif. Anuncio que se puede considerar como aviso para navegantes.

Oficialmente se afirma que una función gubernamental, y máxime en un departamento de soberanía (es decir de los que el Rey nombra y quita a dedo sin ningún tipo de control institucional) “es incompatible con la adquisición de otra nacionalidad, española en el caso concreto”.

La excusa dada por Rabat no tiene fundamento y no resiste a la más mínima crítica. Muchos altos cargos marroquíes, con funciones en el aparato del Estado, incluído en el entorno real, poseen “otras nacionalidades”, concretamente la francesa. El consejero del Rey André Azoulay, cuya función institucional se encuentra por encima de la de un simple ministro, tiene la nacionalidad israelí y francesa. El primer jefe de la Seguridad nacional del Marruecos independiente, el hombre más potente del régimen después del Sultán Mohamed V, Mohamed Laghzaoui, poseía varias nacionalidades además de la marroquí, francesa y británica entre otras. Nunca fue molestado por ello. Es mas, ha sido el único miembro de un gobierno marroquí, a cuyo entierro asistió Hassan II en persona en la ciudad de Fez.



La destitución de Ahmed Lakhrif por haber adquirido la nacionalidad española se contempla en dos vertientes. Por una parte, es un resultado del enfrentamiento entre el lobby francófono del régimen y el incipiente lobby hispanófono. Lo que es válido para los altos funcionarios que poseen la nacionalidad francesa, además de la marroquí, no lo es para los otros. Se puede tener la doble nacionalidad franco-marroqui, pero no se puede tener la hispano-marroquí.
En segundo lugar, la medida punitiva tiene una lectura específica, porque se trata de un funcionario marroquí originario del Sahara. La posibilidad de que su ejemplo sea seguido por otros, preocupa a las Autoridades de Rabat porque perturba la “hoja de ruta” del régimen en la solución definitiva de la cuestion saharaui. Marruecos ve con buenos ojos que saharauis de Tinduf obtengan la nacionalidad española, porque eso disgrega al Frente Polisario; pero no acepta que lo hagan saharauis que cumplen tareas en la Administración marroquí. Porque ello podría crear un precedente que provocaría un debilitamiento del “sentimiento patriótico” que el régimen de Mohamed VI quiere inculcar en los saharauis coptados en la Alta administración.
En cuanto al efecto psicológico de esta destitución, en medios diplomáticos de la capital marroquí se estima que ha sido una bofetada a las excelentes relaciones proclamadas entre el régimen marroquí y el gobierno español. En la reciente cumbre hispano-marroquí, el Ejecutivo de Zapatero dio un paso significativo en el acercamiento de la posición española a la marroquí en la cuestión del Sahara, al admitir que la experiencia española relativa a las Autonomías podía servir de ejemplo a Marruecos para avanzar en su proyecto de regionalización aplicable al Sahara Occidental. La respuesta marroquí ha sido la destitución de este ministro con nacionalidad española. Un hecho que deja muy mal parado al Presidente Zapatero.