Las acusaciones populares que coordina el PP han pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que impute por tres delitos a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, que gira en torno a una supuesta red de influencias en favor de la aerolínea.
En un escrito dirigido al magistrado, al que ha tenido acceso EFE este lunes, solicitan la declaración en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez, así como del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva y a la espera de sentencia por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia.
Las acusaciones, que avanzan su intención de solicitar medidas cautelares, creen que hay indicios para investigar a las hijas del expresidente del Gobierno por presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal.
Argumentan que Laura y Alba Rodríguez percibieron 247.191 y 199.904 euros, respectivamente, como administradoras de la empresa Whathefav, a la que el juez considera "centro de redistribución de flujos económicos".
En declaraciones a los medios frente al Congreso, el portavoz del PP Borja Sémper ha subrayado que aspiran a que "se conozca toda la verdad" y "que todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la justicia".
En total, las ocho acusaciones agrupadas bajo la batuta del PP solicitan la imputación de más de una decena de personas, así como la testifical del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura en una causa en la que Zapatero está citado como investigado el 17 y 18 de junio.
Explican que, según las comunicaciones intervenidas, la cúpula de Plus Ultra intentó llegar a Ábalos y tuvo a su exasesor como interlocutor, para tratar de conseguir el préstamo público, finalmente otorgado en 2021 y que ascendió a 53 millones de euros. Piden al juez que ambos declaren por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y, eventualmente, organización criminal.
Entre las imputaciones que solicitan también figura la de José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); o Ramón Gordils, que fue alto cargo de la diplomacia venezolana y, según el escrito, "mediador en la primera aproximación de Plus Ultra al entorno" de Zapatero.
Quieren también interrogar a administradores de empresas "a través de las cuales se canalizó el blanqueo de los fondos" que se investiga, entre ellas Inteligencia Prospectiva, que habría intervenido, según el escrito, en "operaciones internacionales de petcoke y oro"; o Softgestor, así como a un asesor para la constitución de una mercantil 'off shore' en Dubai, presuntamente por instrucciones de Zapatero.
Las acusaciones reclaman también conocer todos los viajes internacionales realizados por Zapatero o sus hijas desde 2017 hasta ahora, con "especial desglose" de los efectuados a Venezuela, y piden asimismo al juez que solicite a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes los registros de visitas entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de mayo de 2026.
En concreto, quieren conocer los accesos a nombre del expresidente del Gobierno, así como los de representantes, administradores o accionistas de Plus Ultra, o de personas vinculadas a la República Bolivariana de Venezuela o a entidades del país.
También interesan que el juez reclame al Ministerio de Asuntos Exteriores documentación emitida por la Embajada de España en Caracas referida a la aerolínea entre 2017 y 2022 y saber si la legación diplomática informó sobre las actividades de Zapatero en Venezuela.
Con carácter subsidiario, las acusaciones piden que Calama libre una comisión rogatoria internacional a Venezuela para conocer la estructura societaria de Snip Aviation y otras sociedades venezolanas con participación en Plus Ultra, entre otros asuntos.
Ante el elevado "perjuicio patrimonial que podría haber sufrido el Estado por la actuación de los investigados", las acusaciones creen que el juez debe acordar una fianza "por el importe de la deuda impagada" por Plus Ultra y consideran necesario que la SEPI informe del estado de reembolso de la ayuda concedida o que se acuerde la prestación de fianza solidaria por parte de los investigados.
También quieren reconstruir íntegramente el proceso de concesión de la ayuda pública a Plus Ultra y por ello piden un nuevo requerimiento a la SEPI.
Quieren que la sociedad estatal subsane "las deficiencias detectadas por la UDEF" en los dos anteriores requerimientos y que justifique "la existencia de carpetas vacías y archivos inaccesibles, la desaparición o no aportación de documentos referenciados y la diferencia objetiva entre ambos envíos documentales".
También que identifique a los responsables del expediente y de la remisión de la documentación al Juzgado, así como todas las comunicaciones relativas a la concesión de la ayuda; en particular, las del exdirector de la SEPI José Ángel Partearroyo y otros responsables.