El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en el caso Leire, y ha citado como testigo en esta causa a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el próximo 10 de julio.
El titular de la Plaza 5 de Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción en una providencia en la que, además, requiere a la Fiscalía General del Estado para que informe de las reuniones mantenidas en su sede, entre abril de 2024 y junio de 2025, con Leire Diez u otros investigados en el procedimiento, entre otras personas.
Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".
Por su parte, a Leticia de la Hoz se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.
El juez Pedraz también ha autorizado a la UCO a personarse en el Ministerio de de Presidencia, Justicia y Cortes para requerir información sobre el exministro venezolano Nervis Villalobos, cuya tramitación para conseguir la nacionalidad española fue presuntamente impulsada por Leire Díez a cambio de información sobre el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la causa contra Begoña Gómez.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado de la Audiencia Nacional quiere saber si en la sede de la Fiscalía se produjo alguna reunión con Díez, con los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, con el empresario Javier Pérez Dolset -todos ellos investigados-, o con el letrado del excomisario José Manuel Villarejo.
Y en el caso de que dichos encuentros se produjesen, el juez insta a la Fiscalía a precisar "si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", según el auto dictado este lunes en el que acuerda practicar una serie de diligencias.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja en sus informes los supuestos pactos que Leire Díez ofrecía a terceras personas en busca de información de jueces, fiscales o mandos policiales -entre otros-.
En dichos pactos, según los investigadores, la exmilitante siempre hablaba de la Fiscalía, y se han encontrado mensajes suyos con otros investigados referidos a reuniones en la Fiscalía General, considerando que al menos se produjo una en marzo de 2025. No identifican, sin embargo, quién era su interlocutor en el Ministerio Fiscal, aunque sí geolocalizaron su móvil en la sede de la Fiscalía.
En su declaración el pasado 28 de mayo ante la Guardia Civil, el abogado de Villarejo admitió que Leire Díez le habló de un posible pacto con la Fiscalía.
Además de a la Fiscalía General, el juez también se ha dirigido a la Fiscalía Superior de Extremadura para que informe sobre el desenlace de la denuncia que presentó el exjuez José Luis Sáenz de Tejada contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que estos días está siendo juzgado.
La UCO destaca en uno de sus informes el caso "paradigmático" que habría ocurrido respecto a esta magistrada y "cómo las actuaciones de la presunta organización investigada se adecúan a las necesidades del momento".
Según los investigadores, el grupo -en el que el juez otorga al exdirigente socialista Santos Cerdán un "rol superior"- "se habría servido especialmente del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, a través del cual se habrían pretendido articular diversas vías" para "desestabilizar" la causa judicial de David Sánchez
En las conversaciones intervenidas, Leire Díez dice que su "prioridad en todo esto" es "el presidente".
En su auto de este lunes, el juez también pide a la UCO que presente "informe, actas y documentación recopilada" el pasado 26 de mayo cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil en busca de información, el mismo día que los agentes fueron a la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.
Entre la veintena de testigos llamados a declarar figuran también el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y que declaró que Leire Díez le propuso restablecer su honor a cambio de información que perjudicase a la UCO, o el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, imputado en los casos Gaslow y Villafuel junto a Carmen Pano, o el exabogado de Ábalos, José Anibal Álvarez.
A parte de estos testigos, la UCO ya les tomó declaración en dependencias de la Guardia Civil a finales de mayo, al igual que a la abogada Leticia de la Hoz, en su caso en condición de investigada.
Las testificales comenzarán el 26 de junio con dos máximos responsables de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, tras declarar Yuste que el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo ordenó "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano de Pedro Sánchez. En esa jornada también está citado el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
El 7 de julio han sido llamadas una de las fundadoras del medio Crónica Libre, Patricia Isabel Espinar, y Francisco Ortega, un exescolta y extrabajador en Correos que acompañó a Leire Díez en sus citas con Rubén Villalba.
Al día siguiente, declarará Joaquín Parra, empresario de hidrocarburos y expresidente del club de fútbol de Badajoz, a quien el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, habló de corrupción en los juzgados, criticando a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.
El 9 de julio será el turno, entre otros, del empresario Antonio Rodríguez Estepa, que ante agentes de la Guardia Civil declaró que Leticia de la Hoz le trasladó una oferta de beneficios procesales a cambio de aportara información sobre Repsol, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.
Al día siguiente, además de Cristina Narbona, están citados José Norberto Uzal, que fue director general de Hafesa, y Rafael Salvador, un agente de la Policía Nacional en Sevilla que se vio con Leire Díez cuando esta buscaba información sobre la juez de los ERE, Mercedes Alaya.