La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional que amplíe la petición de cooperación judicial remitida a Estados Unidos para esclarecer las circunstancias en las que fue intervenido y analizado el teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo accionista de Plus Ultra y una de las figuras centrales de la investigación sobre el rescate de la aerolínea.
El escrito, presentado por el abogado Víctor Moreno Catena ante el juez José Luis Calama, supone el primer movimiento procesal de la defensa de Zapatero desde que el exdirigente socialista fue incorporado a la causa como investigado. La petición pone el foco en la legalidad y fiabilidad de una de las principales pruebas del procedimiento: las conversaciones extraídas del teléfono de Reyes, que contienen referencias a supuestas gestiones para facilitar el acceso de Plus Ultra a las ayudas públicas concedidas durante la pandemia.
El dispositivo fue incautado en 2021 por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) en el marco de una investigación inicialmente relacionada con un presunto caso de contrabando. La información contenida en el teléfono fue remitida posteriormente a la Policía Nacional española y ha servido como base para diversas diligencias judiciales, entre ellas la imputación de Zapatero, registros domiciliarios y el bloqueo de cuentas bancarias de varios investigados.
Entre los mensajes incorporados al sumario figuran conversaciones en las que directivos de Plus Ultra y personas vinculadas al entorno político venezolano debatían posibles vías para conseguir apoyo institucional para la compañía. En uno de los intercambios, Rodolfo Reyes trasladó a otros implicados la intención de contactar con el expresidente español para facilitar las gestiones del rescate. Otros mensajes reflejan supuestos avances en esos contactos y referencias a conversaciones mantenidas con Zapatero.
Sin embargo, la defensa del expresidente sostiene que existen importantes lagunas sobre el origen, tratamiento y transmisión de esa información. Según argumenta, no se dispone de datos completos sobre la autorización que permitió la incautación del teléfono, el método utilizado para extraer su contenido, la autenticidad de las comunicaciones obtenidas ni la cadena de custodia seguida desde que el dispositivo fue intervenido por las autoridades estadounidenses hasta su entrega a España.
Por ello, solicita que la Audiencia Nacional requiera a Estados Unidos documentación detallada sobre la resolución judicial o administrativa que autorizó la intervención del teléfono, la investigación en cuyo marco se produjo la incautación, los informes técnicos relativos al volcado de la información y los mecanismos empleados para garantizar la integridad de los datos extraídos.
La petición también reclama información sobre el alcance de la extracción realizada —si fue total o parcial—, las herramientas tecnológicas utilizadas para el análisis, los sistemas de verificación aplicados para garantizar que las conversaciones no fueron alteradas y el procedimiento seguido para la conservación del dispositivo y de los archivos obtenidos.
Además, la defensa quiere conocer cómo se produjo el intercambio de información entre las autoridades estadounidenses y las unidades policiales españolas, así como las autorizaciones que permitieron la cesión de los mensajes de WhatsApp a los investigadores españoles para su utilización tanto en la fase de investigación como en un eventual juicio.
El escrito sostiene que la ausencia de estos datos plantea "dudas razonables" sobre el respeto a las garantías procesales y al derecho de defensa. A juicio de los abogados de Zapatero, los investigados deben disponer de una posibilidad efectiva de examinar y cuestionar la autenticidad, integridad y contexto de las pruebas que fundamentan las acusaciones.
La solicitud llega pocos días después de que el juez Calama pidiera formalmente a Estados Unidos autorización para emplear el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes como prueba en el procedimiento. El magistrado considera que la información obtenida por el HSI contiene elementos de relevancia para esclarecer las circunstancias que rodearon el rescate de Plus Ultra, una operación aprobada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la crisis derivada de la pandemia.
La investigación trata de determinar si existió una red de influencias destinada a favorecer la concesión de ayudas públicas a la aerolínea. Mientras la instrucción avanza, la defensa de Zapatero centra ahora su estrategia en cuestionar la validez jurídica de la prueba que constituye el principal soporte de las sospechas sobre su presunta participación en los hechos investigados.