El interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha presentado su dimisión tras salir a la luz que su nombre figuraba en las agendas de Leire Díez, conocida como la "fontanera" del PSOE, como uno de los contactos de confianza de la trama vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Fuentes oficiales del Gobierno andaluz han confirmado la renuncia y han subrayado que la decisión ha partido del propio Figueroa, quien puso su cargo a disposición del Ejecutivo autonómico sin necesidad de que se procediera a su destitución. Desde la Junta insisten en que no existía una pérdida de confianza en el alto funcionario y destacan que su salida responde a motivos personales.
La dimisión se produce después de que diversas informaciones periodísticas revelaran que Figueroa aparecía identificado en las anotaciones de Díez con las siglas "MAF", en referencia a su etapa como director de empresas participadas de la SEPI, cargo que ocupó entre 2018 y 2022. En aquellas agendas, la exmilitante socialista lo consideraba sus "ojos en la SEPI", debido a su presencia en el comité de dirección del organismo.
Según los documentos conocidos, una de las anotaciones recogía que "Vicente Fernández pedirá a MAF vías de contacto" en relación con una oportunidad de negocio explorada por la trama. Fernández, considerado uno de los principales responsables de la red investigada, había accedido a la presidencia de la SEPI en 2018 y coincidió con Figueroa tras haber trabajado anteriormente con él durante la etapa de María Jesús Montero al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Fuentes cercanas al caso sostienen que Figueroa ha desempeñado su labor con profesionalidad durante su etapa en la Administración andaluza, pero que consideró oportuno abandonar el cargo en medio de la polémica generada por las investigaciones y revelaciones sobre la trama.
Su salida pone fin a una etapa que ya estuvo marcada por la controversia desde su nombramiento como interventor general. Figueroa asumió la responsabilidad tras el cese inesperado de su antecesora y, según diversas fuentes, llevaba tiempo valorando abandonar el puesto. Desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social le habrían solicitado que retrasara su decisión hasta después del ciclo electoral.
La renuncia será formalizada previsiblemente en la próxima reunión del Consejo de Gobierno andaluz. Mientras tanto, fuentes de la Consejería de Hacienda han avanzado que el puesto será ocupado de forma provisional por un funcionario de la propia Intervención General.
Miguel Ángel Figueroa es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Administración autonómica, entre ellos interventor delegado de las consejerías de Educación y de Hacienda, interventor de Control Financiero y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General. Tras su paso por la SEPI, ejerció como director general de la Agencia IDEA antes de ser nombrado interventor general de la Junta en 2025.
La Intervención General de la Junta de Andalucía es el máximo órgano de control interno de la Administración autonómica, encargado de la fiscalización previa y financiera de la gestión económica y de la dirección de la contabilidad pública del sector público andaluz.
Asimismo, ha presentado su dimisión el consejero independiente de la empresa alavesa Tubos Reunidos, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, también investigado por en el caso Leire.
La empresa siderúrgica ha comunicado este viernes a la CMNV que ha recibido una carta de cese voluntario de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, quien deja de ser consejero independiente de la compañía desde hoy.
Además de este consejero, figuran como investigados el actual director general de la compañía alavesa, Carlos López de las Heras, y el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta, según han confirmado a EFE fuentes del caso.
El ya exconsejero de Tubos Reunidos ha vinculado su marcha a la entrada en concurso de acreedores de la empresa, sin hacer alusión a su situación como investigado en el caso de Leire Díez.
"Ante las actuales circunstancias de la sociedad con su entrada en concurso, y teniendo en cuenta que su evolución y situación financiera requieren una especial dedicación que resulta incompatible con mis otras responsabilidades, os comunico mi decisión de presentar mi cese voluntario como consejero independiente con fecha de efectos desde el día 12 de junio de 2026", ha explicado Rodríguez Urrutia.
Se trata de un empresario de larga experiencia, que ha sido presidente en España de BNPP Real Estate, director general de Occidental Hoteles, Metrovacesa, Grupo Ence y Planeta De Agostini, así como secretario general de Abengoa.
El pasado 4 de junio agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron durante diez horas la sede de Tubos Reunidos en Bilbao en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La empresa alavesa aparece nombrada en varias ocasiones en el sumario del denominado caso Leire Díez.
En uno de los atestados de la UCO, los agentes aluden al préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos.
También se refieren a los indicios de que el grupo denominado 'Hirurok' (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.
La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo 'Hirurok' intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.
Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.
El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid.
"Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario. "Con razón de esta operativa", dice la UCO, Vicente Fernández "habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos".