Las democracias no suelen romperse. Se desgastan. Y cuando los ciudadanos perciben el desgaste, normalmente ya lleva años produciéndose.
Lo habitual es que el desgaste llegue poco a poco, envuelto en una apariencia de normalidad.
No suele anunciarse con tanques en las calles, estados de excepción o cierres del Parlamento.
Comienza antes.
Cuando determinadas reglas de convivencia dejan de considerarse valiosas y empiezan a verse como simples obstáculos para el combate político.
Una democracia no empieza a deteriorarse cuando un Gobierno critica una resolución judicial.
Eso ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo.
Los jueces no están exentos de crítica. Ni deben estarlo.
El problema comienza cuando la crítica deja de dirigirse a la resolución y empieza a dirigirse sistemáticamente contra el juez.
Cuando ya no se discute jurídicamente un auto, una sentencia o una medida cautelar.
Cuando lo que se cuestiona es la legitimidad misma de quien la dicta.
Entonces el debate deja de ser jurídico.
Y empieza a convertirse en otra cosa.
Porque una cosa es discrepar de una decisión judicial. Y otra muy distinta construir un clima permanente de sospecha sobre el Poder Judicial cada vez que determinadas resoluciones afectan a intereses políticos, económicos o mediáticos.
Eso es precisamente lo que empieza a normalizarse en muchas democracias occidentales.
También en España.
Cada vez con mayor frecuencia, determinadas decisiones judiciales dejan de analizarse desde parámetros jurídicos para interpretarse exclusivamente desde claves ideológicas o partidistas.
El juez ya no aparece como un órgano constitucional sometido únicamente al imperio de la ley.
Pasa a convertirse en conservador o progresista.
En aliado o enemigo.
En instrumento o conspirador.
La resolución desaparece.
El magistrado ocupa su lugar.
Y cuando la identidad del juez importa más que los argumentos de la resolución, el Estado de Derecho empieza a perder terreno frente a la lógica de las trincheras.
Y esa transformación resulta extraordinariamente peligrosa.
Porque el Estado de Derecho descansa sobre una premisa elemental: los ciudadanos pueden criticar las resoluciones judiciales, recurrirlas e incluso combatirlas públicamente, pero deben seguir reconociendo la legitimidad institucional de quienes las dictan.
Cuando esa premisa se rompe, el deterioro comienza.
Las instituciones rara vez se derrumban de manera inmediata.
Antes atraviesan largos periodos de desgaste moral, relativización y pérdida progresiva de autoridad.
Lo preocupante no es que existan campañas políticas contra determinadas decisiones judiciales.
Lo verdaderamente inquietante es la naturalidad con la que empiezan a asumirse.
La sospecha sobre el juez se ha convertido en demasiadas ocasiones en un mecanismo automático de defensa política.
Si una investigación afecta al adversario, se invoca la independencia judicial.
Si afecta a los propios, aparece inmediatamente la teoría de la conspiración.
Y así, poco a poco, el debate público abandona el análisis de los hechos y de las resoluciones para concentrarse en la deslegitimación personal del instructor, del tribunal o incluso del propio sistema judicial.
El daño institucional de esa dinámica es profundo.
Porque ningún juez necesita ser infalible para ser legítimo.
Pero sí necesita que la sociedad siga aceptando algo esencial: que sus decisiones se combaten mediante argumentos jurídicos y recursos procesales, no mediante campañas de demolición reputacional.
Resulta especialmente inquietante comprobar cómo determinadas estrategias de presión institucional ya ni siquiera pretenden disimularse.
El objetivo no siempre parece ser ganar el procedimiento.
A veces basta con erosionar públicamente la credibilidad del órgano judicial que lo instruye.
Convertir al juez en sospechoso.
Transformar el procedimiento en una persecución política.
Y desplazar así el foco desde los hechos investigados hacia quien se atreve a investigarlos.
Es una técnica conocida.
Y profundamente corrosiva.
Europa conoce bien las consecuencias de esa deriva.
Ninguna institución pierde su autoridad de un día para otro.
Antes atraviesa un largo proceso de desgaste en el que la crítica legítima acaba transformándose en sospecha sistemática, y la sospecha sistemática termina convirtiéndose en desconfianza estructural.
Cuando eso ocurre, las decisiones dejan de valorarse por su contenido y empiezan a juzgarse exclusivamente por la identidad de quien las adopta.
El problema es que esa erosión nunca se detiene en un caso concreto.
Nunca afecta únicamente a un juez determinado.
Termina contaminándolo todo.
Cada vez que se inocula la idea de que toda resolución judicial responde necesariamente a intereses ocultos, lo que se debilita no es un magistrado concreto.
Lo que se debilita es la propia noción de Justicia como poder independiente.
Y una democracia puede sobrevivir a muchas cosas.
A la polarización.
Al ruido.
Incluso a gobiernos mediocres.
Pero difícilmente puede sostenerse durante mucho tiempo cuando una parte creciente de la sociedad deja de confiar en la neutralidad de sus instituciones.
Porque las democracias no descansan únicamente sobre leyes, elecciones o mayorías parlamentarias.
También se sostienen sobre una convicción colectiva mucho más frágil: la confianza en que existen instituciones capaces de actuar con independencia y conforme a reglas comunes.
Cuando esa confianza desaparece, todo empieza a discutirse.
Y cuando todo se discute, acaba resultando imposible distinguir entre la autoridad legítima y la mera imposición de fuerza.
Por eso las grandes degradaciones institucionales rara vez comienzan con una ruptura espectacular.
Empiezan mucho antes.
Porque las democracias no suelen morir cuando desaparecen las leyes.
Empiezan a morir cuando desaparece la confianza en quienes deben aplicarlas.