Las pruebas incriminatorias que acaba de aportar la UCO sobre la posible financiación ilegal del PSOE y sobre las maniobras para salvaguardar a Pedro Sánchez de todos los casos de corrupción han llevado al juez Pedraz a plantearse imputar al partido como persona jurídica. El magistrado sospecha que los dirigentes socialistas, desde Ábalos a Cerdán, han podido incurrir en los delitos que incluye organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación e inducción al falso testimonio. Aún más, la investigación que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional apunta a una presunta trama financiada por el PSOE para intentar desestabilizar causas judiciales que afecten al partido, al Gobierno y, en especial al presidente.
El último informe de la UCO desvela las facturas y los pagos que el partido habría realizado a Leire Díez, hasta 4.000 euros mensuales, además de sufragar todos sus gastos y viajes, por torpedear causas judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. La llamada fontanera seguía las instrucciones del entonces secretario de Organización Santos Cerdán que habría puesto “la propia estructura del partido” a su servicio. De hecho, tras el registro de Ferraz, el juez ha exigido el detalle de los procedimientos de autorización de gastos y pagos vinculados a las facturas. El magistrado ha reclamado al partido los movimientos bancarios.
El último informe de la UCO es letal para el PSOE. Demuestra que las cloacas utilizaban desde la Fiscalía General del Estado hasta la cúpula de la Guardia Civil para bloquear cualquier intento de incriminar al presidente del Gobierno en los casos de corrupción. Además, el partido pagó facturas no registradas y camufló los gastos a la trama a través de sociedades interpuestas. Lo más grave, en fin, lo que podría llevar al juez Pedraz a imputar al PSOE como persona jurídica se basa en las pruebas aportadas por la Guardia Civil que confirman que el partido estaba al tanto y sufragaba las operaciones de la trama contra jueces, fiscales y agentes de las Fuerzas de Seguridad. Pues había, y todavía hay que salvar al soldado Sánchez.