La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este miércoles que la ley de la eutanasia "funciona" y cuando se cumplen cinco años de su aprobación, ha ofrecido datos: "Hemos pasado de 173 solicitantes en 2021 a más de 1.200 en 2025, y de 75 prestaciones realizadas el primer año a 565 el pasado año.
En la clausura de la jornada 'Cinco años de la ley orgánica de regulación de la eutanasia: avanzando en derechos', la ministra ha subrayado que estos datos demuestran que "cada vez más personas conocen y reconocen este derecho" y que la prestación forma parte de la realidad asistencial del Sistema Nacional de Salud "con normalidad y garantías".
Según el informe provisional con datos remitidos por las comunidades autónomas, el derecho a la eutanasia permitió que 565 personas recibieran ayuda para morir en 2025, es decir, el 0,13% de los fallecimientos registrados en el país, equivalente a un caso por cada 750 decesos.
Desde la entrada en vigor de la ley, hace cinco años, 1.668 personas "han ejercido este derecho" y se han registrado "3.716 solicitudes de ayuda para morir", 1.284 de ellas en 2025.
Cataluña registró la tasa más alta de solicitudes con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional de 2,61, seguida de Navarra (5,41) y País Vasco (5,13)
También se situaron por encima de la media La Rioja (3,67 por cada 100.000 habitantes), Baleares (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66)
En su intervención de clausura, la ministra ha insistido en que "la ley funciona con garantías, con seguridad jurídica y respetando la autonomía de las personas y de los pacientes" gracias al "compromiso de los profesionales sanitarios que han sabido acompañar una de las decisiones más difíciles que se pueden tomar".
Entre las 1.284 solicitudes registradas en 2025, las patologías neurológicas representaron el 31%, por detrás de las oncológicas.
Sin embargo, esta distribución se invierte entre las personas que finalmente reciben la prestación: las enfermedades neurológicas ascienden al 46%, mientras que las patologías oncológicas se sitúan en torno al 30%.
En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, es decir, solicitudes cuyo desenlace se produjo durante el año, con independencia de la fecha en la que se hubiera iniciado. Del total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, el 47,7%.
El fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación fue el desenlace de 374 procesos, el 31,5% del total. En estos casos, el 61% correspondía a patologías oncológicas.
La mayoría de estos fallecimientos, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.
Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que esta se llevara a cabo.
Además, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría de ellas, el 77%, se produjo al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud.
La prestación en España se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con marcos legales similares.
Mientras que en España la tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13%, en Países Bajos alcanza el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica el 4%.