Asistimos ya a la reacción de algunas instituciones y de varios periodistas para dificultar la otorgación de nacionalidades. Cada vez está más claro que Pedro Sánchez está trabajando a fondo en la modificación del censo electoral, engrandeciéndolo con la concesión de centenares de miles de nuevas nacionalidades, lo que significa para cada uno de los nacionalizados el derecho a votar en las elecciones generales.
Se trata de una operación legal. Pedro Sánchez le está ganando esta partida a Alberto Núñez Feijóo. El líder popular se puede encontrar en las elecciones generales de 2027 con que la transformación del censo electoral desbarate las encuestas que hasta ahora otorgaban confortable mayoría absoluta a la suma de Partido Popular y Vox.
Entre las instituciones que han empezado a reaccionar se encuentra la Fundación Mayor Oreja, que ha solicitado ya nuevas condiciones a la nacionalización de los menas. Además, los colaboradores de Mayor Oreja, conscientes de que junto a la nacionalidad se otorga el derecho a votar, pretende elevar los años de residencia necesarios para acceder a la prebenda sanchista. Aspira también Mayor Oreja a que se refuerce el Código Penal, con el fin de que determinadas conductas no puedan reducirse a una mera respuesta administrativa.
Pretende también la Fundación Mayor Oreja que se elimine el arraigo como vía ordinaria de regularización, que es la antesala de la nacionalidad. Y además cree imprescindible robustecer los requisitos para renovar y mantener la residencia.
No es gran cosa. Pero sí el principio de lo que Alberto Núñez Feijóo debería estar haciendo. La nacionalidad no se puede cortar de raíz ni limitar el derecho a votar que con ella se otorga. Sí se pueden establecer condiciones más severas para obtener la nacionalidad, y eso significa un primer paso para contener la avalancha que se avecina y que alteraría el censo electoral de forma muy gravosa para el Partido Popular, al que, hoy por hoy, las encuestas señalan como claro vencedor de las elecciones generales.